Por Pablo Silva Galván
Fotos: Dante Fernández
“Efectos
jurídicos del TISA y alternativas para enfrentarlo” fue el nombre de un
debate sobre el Trade In Services Agreement, un tratado internacional
en el que participan 24 países, incluyendo a la Unión Europea y EEUU. La
integración de Uruguay en este tratado inició una fuerte polémica tanto
en filas del Frente Amplio como del Pit-Cnt y del gobierno nacional. En
el encuentro, realizado en la Sala Paulina Luisi del edificio anexo del
Palacio Legislativo, un panel integrado por el economista Antonio
Elías, asesor de COFE y participante de la Rediu (Red de Economistas de
Izquierda), los abogados Hoenir Sartouh y Mario Pomata y el fiscal
Enrique Viana, intercambió argumentos en torno a la inconveniencia de la
integración de Uruguay al TISA y a sus implicancias para la soberanía
nacional y las instituciones.
El acuerdo en cuestión promueve la liberalización a escala global del comercio de servicios como la banca o el transporte.
Historiando
los procesos económicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,
Elías señaló que hubo momentos de integración, medidas proteccionistas y
políticas de sustitución de importaciones. Recordó que a comienzos de
la década del 70 del siglo pasado “empieza a desarrollarse una etapa de
reconversión internacional” de la economía, encabezada por Estados
Unidos. Dentro de ese contexto es que se desarrolla la dictadura en
Uruguay, cuya lógica fue la de apertura comercial y arancelaria y
“desmantelamiento del denominado Estado de Bienestar”.
Elías
señaló que uno de los componentes de las negociaciones para el ingreso
al TISA es el secretismo, que a su juicio se expresó en el hecho de que
el gobierno no informara sobre los contactos que estaba manteniendo.
“Nos enteramos por información publicada en la página web del gobierno
de Canadá”, recordó. Ese secretismo se mantuvo cuando fue aceptado el
ingreso del país, en febrero “y tampoco lo supimos”.
“Si
yo hago algo que es beneficioso para el país” –reflexionó–, “levanto la
mano y anuncio: ‘compatriotas entramos al TISA, qué suerte’. Pero no,
no se supo nada. Nos volvimos a enterar, por lo menos yo, por la página
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, cuando le dio la
bienvenida a Uruguay por su ingreso”.
En cuanto a las
razones, el economista señaló que “el gobierno ha dicho hasta el
cansancio que ingresó para conocer lo que se discute, para entrar en la
cocina, porque de esa manera, cuando viéramos las cosas, podríamos
llamar a los amigos. Resulta insostenible que se haya ingresado al TISA
sin haber consultado a los socios”. Destacó que no es posible que
Uruguay conozca todo lo que se discute en ese ámbito, ya que Estados
Unidos envía a las negociaciones a doscientos expertos, mientras que
nuestro país envía apenas a tres o cuatro. “A la primera reunión fue
sólo uno” –destacó– “¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a dominar, de un
material que tiene 17 anexos, cada uno de ellos de enorme complejidad, y
que además una cantidad [de las cosas] ya están aprobadas?”.
En
cuanto al argumento de que Uruguay es un país de servicios, Elías
apuntó que “lo que es afectado por el TISA es un 6%, donde está un 2% de
informática. Nosotros ¿no vamos a pelear por la eliminación de los
subsidios agrícolas que tienen Estados Unidos y la Unión Europea, nos
bajamos de ese carro y entramos por este lado a defender el 2% de la
Cámara de Informática? Ese es el sustento, que somos un país que creció
mucho [en esa área], pero creció mucho algo que era muy chiquito.
Tampoco es sostenible que estamos ahí porque somos un país de servicios,
porque no lo somos”.
Objetivos trazados
Con
respecto al TISA, señaló que cumple con los objetivos trazados desde
hace décadas por los gobiernos de Estados Unidos para liberalizar el
comercio internacional, y que tuvieron su punto alto con el ALCA a
comienzos de este siglo. Derrotado el ALCA, ahora viene el TISA, afirmó
Elías. La diferencia entre este acuerdo y los anteriores es que en estos
los que dirigían la liberalización de las economías eran los Estados, y
ahora se trata de las trasnacionales. Con respecto a los objetivos del
tratado, explicó que son “permitir el libre acceso a los mercados para
sus empresas sin limitaciones de ningún tipo; trato nacional, todas las
empresas tienen el mismo trato que la que tenga el mejor trato en
nuestro país; y trato de nación más favorecida: cualquier beneficio que
haya dado Uruguay a otra nación, vale para los integrantes del TISA”.
“Son
elementos preocupantes, pero más preocupante aún es que este tipo de
tratado procura entrar a modificar las estructuras legales del país”,
sentenció Elías. Agregó que en los documentos se hace referencia al
statu quo, lo que quiere decir que lo que está hecho, no se modifica “o
sea que cualquier desmonopolización, cualquier privatización, no se
puede volver atrás”.
Sostuvo que este proceso es
antidemocrático, porque “si el Parlamento de hoy decidiera entrar al
TISA, pero el Parlamento que viene decide lo contrario, no puede
hacerlo. El tratado impide volver atrás. Eso es gravísimo para la
legalidad del país”.
Por su parte, el abogado Mario
Pomata, asesor del Pit-Cnt, leyó una extensa reflexión acerca del TISA y
sus posibles consecuencias en la que afirmó que este “expresa una vieja
estrategia de las trasnacionales”. Tras reiterar varios de los
conceptos expresados por Elías en cuanto a los objetivos del acuerdo,
Pomata señaló que se hace necesaria “una estrategia que genere
conciencia” para enfrentarlo.
Hoenir Sarthou hizo una reflexión sobre el momento histórico actual y cómo se traduce en el plano jurídico.
“Legalizan corrupción”
Finalmente,
el fiscal Enrique Viana señaló que hay varias formas de entender las
negociaciones sobre el TISA, y precisó que el tema se puede analizar
desde diversos puntos de vista, “pero ninguno de ellos tiene la
relevancia de lo que, a mi juicio, es importante: el punto de vista de
la ciencia del derecho. Otro es el punto de vista de la Política –no de
la política partidaria, sino de la política con mayúsculas. Y
finalmente, el punto de vista ético. Veo que aquí hay consideraciones
éticas, y en ese sentido tengo un pensamiento que puede ser polémico,
pero creo que ya estamos inmersos en el proceso de legalización de la
corrupción, entendiendo ésta como el proceso de descomposición. ¿Para
qué legitimar la corrupción? Justamente para decir que no hay
corrupción”.
Para Viana, “estamos frente al
surgimiento de una nueva ideología a la que no nos habíamos enfrentado, y
que busca la corrupción del Estado, en el sentido de corroer las
instituciones. Lo que está en juego es la dignidad del Estado, o sea, la
soberanía nacional”, sentenció.
Para el fiscal, la
forma de enfrentar este momento es “oponiendo a las corporaciones
aquello que las corporaciones quieren destruir: la vitalidad de las
instituciones, la democracia y la soberanía nacional”. Para lograr eso
es que “tenemos que reclamar que el Poder Judicial trabaje con
independencia”, concluyó.
