Un
niño refugiado sirio se encuentra separado de su padre y de su tío
desde hace más de un mes por haber intentado reunirse con su abuela en
Alemania por la única vía posible para quien no tiene una visa: usar
documentos falsos.
Collage sobre obra de Blanes
Poco antes de renunciar como jueza penal en la Ciudad
de la Costa para pasar a integrar el gabinete del intendente de
Maldonado, Enrique Antía, Adriana Graziuso emitió un fallo devastador
para un niño que, a pesar de sus cortos 12 años, ya contaba con
vivencias tan traumáticas como la pérdida de su madre y sus dos hermanos
en la guerra en Siria. El 18 de junio la doctora Graziuso procesó con
prisión al joven padre del niño y a un primo de éste por haber intentado
salir del país rumbo a Alemania con documentos falsos. En un mes padre e
hijo sólo se han podido ver una vez.
El 17 de junio los dos mayores y el niño vivieron en carne propia lo
extensa que es la muralla que separa a Europa de quienes buscan refugio,
cuando se presentaron en el aeropuerto de Carrasco para emprender un
viaje con destino a Alemania, donde se encuentra la abuela del niño. La
aerolínea Air France optó por denunciarlos a la justicia tras descubrir
que sus documentos eran falsos. La empresa francesa actuó como policía
de migraciones en sus puestos de check-in, como suelen hacer todas las
aerolíneas que transitan por Europa a fin de evitar las multas que desde
hace unos 15 años la Unión Europea (UE) puede imponerles por ingresar a
personas sin la documentación requerida a la zona europea del Tratado
de Schengen. Esa acción impide sistemáticamente que personas que huyen
de la guerra o de la persecución puedan solicitar asilo en países de la
UE.
De acuerdo al auto de procesamiento, el día anterior estas tres
personas habían ingresado a Uruguay por el Chuy desde Brasil, donde se
encontraban, según su abogada, desde 2011 o 2012 tras haber huido de
Siria. La decisión de procesarlos con prisión despierta sospechas de que
hayan sido tratados con mayor severidad por ser extranjeros. “Son muy
pocos los casos en los que se procesa con prisión por hacer uso de
documentos falsos”, apuntó a Brecha Mirtha Guianze, integrante de la
Institución de Derechos Humanos, y añadió que “los hubieran podido
procesar sin prisión”.
Según el auto de procesamiento, los dos adultos confesaron haber
usado documentos falsos. La jueza Graziuso consideró que “la gravedad de
los hechos” justificaba el envío de los adultos al Compen (antiguamente
Comcar) en Santiago Vázquez, donde permanecieron un mes privados de
libertad antes de ser trasladados a la Cárcel Central (hoy llamada
Centro de Ingreso y Diagnóstico) en Montevideo. En consecuencia el niño
quedó en manos extrañas, bajo tutela del Inau. La única razón que
encuentra Silvia Espinosa, abogada de los dos sirios mayores, para esta
decisión es que se los haya encarcelado al declarar que no tenían
domicilio ni parientes en Uruguay.
El uso de documentos falsos por parte de personas que huyen de
situaciones de guerra es común y muchas veces representa la única manera
de llegar a un país para solicitar asilo. La ley uruguaya retoma la
Convención de Ginebra y, como lo explica Federico Graña, director
nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) y que trabaja en el caso desde el ministerio, “en la ley de
refugiados se establece expresamente que no se puede iniciar el proceso
judicial por uso de documentación falsa a un solicitante de refugio”. En
este caso, los ciudadanos sirios no pidieron refugio en Uruguay, lo que
complicó su situación. A Brasil llegaron gracias a las visas
humanitarias que ese país otorga a ciudadanos sirios y haitianos, que
les da el derecho a ingresar, pero no gozan del estatuto de refugiados,
por lo que no se les asegura ninguno de los derechos que derivan de esa
categoría (derecho a la inserción y al acompañamiento, entre otros).
“Ellos no tienen interés en quedarse en Uruguay”, explicó a Brecha su
abogada. “El padre del niño ha expresado un gran anhelo de que lo críe
su abuela que se encuentra en Alemania.”
El Inau por su parte ha hecho lo posible para contener y acompañar al
niño que vive en un hogar en El Pinar y que empezó a ir a la escuela
cuando terminaron las vacaciones de julio. La institución le facilitó
paseos y la oportunidad de encontrarse con otros niños sirios para que
pueda hablar en su lengua materna, el árabe, a pesar de que puede
comunicarse con otros niños en portugués. Gracias al trabajo del equipo
del Inau habla diariamente con su abuela por Skype a través de una
Ceibalita que le entregaron en la escuela, cuenta la abogada Espinosa.
Según la directora del Inau, Marisa Lindner, se espera la autorización
judicial para que el niño pueda visitar con más regularidad a su padre
en la cárcel. Al cierre de esta edición Graña informó a Brecha que la
jueza Fabiana Weisz concedió esta autorización. “Se trata de una
situación relativamente nueva para nuestro país –expresó Lindner al
semanario–, tiene que ver con la realidad en Siria. Estas situaciones
exigen niveles de preparación que desafían a nuestras instituciones
públicas.” Esta preocupación se vio reflejada en las palabras de Javier
Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia, quien expresó el
15 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
diputados que habría que “generar institucionalidad” para ejecutar
adecuadamente las políticas migratorias y de refugio.
A partir del procesamiento con prisión de los dos mayores se creó de
manera urgente un grupo de trabajo con integrantes del Mides, el Inau,
el Ministerio del Interior y cancillería, que trata de encontrar una
solución a esta situación.
Según informó Federico Graña a Brecha, cancillería se puso en
contacto con la embajada alemana. El deseo del padre y de la abuela es
que el niño pueda reencontrarse con esta última en aquel país. Pero
podría resultar complicado, o al menos es poco probable que esta sea una
solución rápida. En varios países de Europa el derecho de reunificación
familiar para refugiados sólo se concede en casos de filiación directa
(padres e hijos) y no necesariamente entre otros vínculos de
consanguinidad. Por otra parte, este pedido normalmente se puede hacer
recién cuando al pariente solicitante le ha sido otorgado el estatuto de
refugiado, lo cual puede llevar mucho tiempo.
“La acción de la jueza está dentro de la normativa vigente”, dijo
Graña a Brecha, pero el fallo es “realmente muy discutible desde una
perspectiva de derechos humanos y frente a la situación del niño”,
evaluó. “Hubiera podido optar por una solución distinta, por ejemplo
expulsarlos de vuelta a Brasil”. Según Graña, los antecedentes penales
generados en Uruguay podrían perjudicar al padre el día que pida la
reunificación con su hijo, si es que Alemania lo acoge.
