La costa de oro
ladiaria
Unas 50 familias reclaman a la Intendencia de Rocha salvaguardar sus terrenos en la costa.
Los conflictos generados en torno a cómo ordenar y fiscalizar
los terrenos de la costa rochense son “más viejos que el agujero del
mate”. Así lo explicó el intendente frenteamplista Aníbal Pereyra a la
periodista Grazziella Fernández, de canal 9 de Rocha, cuando fue
consultado por el caso de Juan Magnabosco, un hombre que hace 14 días
comenzó una huelga de hambre y está instalado en la plaza Independencia
de Rocha en representación de 50 familias que mensuraron unos 200
terrenos y reclaman regularizar su situación. Esperan que desde la
intendencia se les garantice el acceso y se salvaguarden sus terrenos en
los balnearios Montecarlo, Vueltas de Palmar y California, zonas que
tienen algunos padrones ocupados por gente que se instaló y edificó
allí.
Pereyra aseguró que en 1936 se subdividieron los terrenos de esa zona. Desde setiembre de 2003, con la puesta en marcha del decreto del Plan General Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica del Departamento de Rocha, se cuantificaron unos 12.000 padrones sin dueño. Aunque Magnabosco pudo alambrar su terreno, su caso es reflejo de una situación confusa, en la que se ponen en juego los derechos de los propietarios y los de los que desde hace años ocupan y trabajan en esas tierras. El predio de Magnabosco está dentro de los terrenos donde se instaló el empresario rural Julio Zeballos, quien afirma ser poseedor desde la década de 1940. El problema: el decreto departamental de 2003 estipuló en su artículo 20.4 que están prohibidas las fracciones de terreno de menos de cinco hectáreas: como Magnabosco, las otras 50 familias están fuera de la reglamentación porque sus predios tienen un metraje menor.
Entre normas
El titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Salvador Schelotto, sostuvo que “prácticamente la totalidad” de la costa de Rocha está fraccionada en balnearios acorde a una legislación anterior, con tamaños de predios que hoy no son admisibles, lo que ha generado situaciones muy variadas desde el punto de vista jurídico. En ese sentido afirmó que quienes desarrollan los instrumentos necesarios para abordar la temática son las intendencias, en este caso la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha, que dirige Antonio Graña. Consultado por la diaria, Graña prefirió no hacer declaraciones.
Por su parte, el intendente aseguró que se podrá construir “si está dentro de la normativa; fuera, nada”. En relación a los terrenos chicos, Pereyra explicó que “lo que prevé la ordenanza es que gradualmente se vayan integrando a predios más grandes, de manera de generar predios que sean más viables desde el punto de vista urbanístico”. A su vez dijo que “está claro que la intendencia tiene que garantizar el libre acceso a quien es propietario de un padrón”, pero que eso no implica que deba construir una calle para el acceso, por ejemplo. Hizo hincapié en que todo lo que respecta a esos balnearios se desarrollará según a lo que establece la ordenanza y sostuvo que hay que “terminar con ese concepto del uso del suelo desde el punto de vista especulativo, para que el uso del suelo genere recursos genuinos para los rochenses”. Hay que “eliminar ese concepto de que como es una playa cualquiera, se puede venir a hacer lo que quiera”, sentenció.
Lo particular
Magnabosco explicó a la diaria que está en huelga de hambre porque quiere asegurarse de que, una vez que se instale en su terreno, la intendencia no va a ir a sacarlo, pero sobre todas las cosas porque denunció delitos -presuntamente cometidos por Zeballos- que asegura que no fueron investigados. Sin embargo, Magnabosco consiguió lo opuesto a lo que reclama: su procesamiento con prisión por seis meses, consecuencia de un juicio por difamación e injurias que le inicio Zeballos por declaraciones realizadas en la prensa rochense.
El 20 de enero Magnabosco llegó a Montecarlo y armó un rancho provisorio hasta que un agrimensor fuera al lugar y delimitara exactamente su propiedad, herencia familiar con “48 años de contribución al día”, afirmó su hermana, Ana. Desde que se instaló denunció en la comisaría local varios episodios: una amenaza de muerte, que metieron arena en el tanque de su tractor y el incendio adrede de su rancho, a principios de mayo. El 3 de agosto denunció la tala de árboles, por parte de Zeballos, en predios municipales. Hace un par de meses, Magnabosco decidió contar a la prensa su periplo y denunciar el caso públicamente, lo que derivó en su procesamiento con prisión por difamación e injurias. Magnabosco apeló el auto de procesamiento y además enfrenta otra denuncia, de Graña. El jerarca no aceptó la retracción de los dichos de Magnabosco y pidió que retirara las denuncias por tala. La Justicia determinó que se investigaran las denuncias, por lo que el caso aún está abierto.
Otra es la versión de Zeballos, quien accedió a hablar con la diaria. Dijo que está instalado allí desde hace 40 años y que ahora “este señor que dice ser el dueño vino y cortó el alambrado y entró. No respetó la ley para nada. Entró a prepo”. Respecto de la denuncia por la presunta tala de árboles, contestó: “Acá no hay ni un árbol, ni un eucalipto”.
Los hermanos Magnabosco afirman que es inadmisible que “un ciudadano que denuncia un delito en los medios termine preso”.
Pereyra aseguró que en 1936 se subdividieron los terrenos de esa zona. Desde setiembre de 2003, con la puesta en marcha del decreto del Plan General Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica del Departamento de Rocha, se cuantificaron unos 12.000 padrones sin dueño. Aunque Magnabosco pudo alambrar su terreno, su caso es reflejo de una situación confusa, en la que se ponen en juego los derechos de los propietarios y los de los que desde hace años ocupan y trabajan en esas tierras. El predio de Magnabosco está dentro de los terrenos donde se instaló el empresario rural Julio Zeballos, quien afirma ser poseedor desde la década de 1940. El problema: el decreto departamental de 2003 estipuló en su artículo 20.4 que están prohibidas las fracciones de terreno de menos de cinco hectáreas: como Magnabosco, las otras 50 familias están fuera de la reglamentación porque sus predios tienen un metraje menor.
Entre normas
El titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Salvador Schelotto, sostuvo que “prácticamente la totalidad” de la costa de Rocha está fraccionada en balnearios acorde a una legislación anterior, con tamaños de predios que hoy no son admisibles, lo que ha generado situaciones muy variadas desde el punto de vista jurídico. En ese sentido afirmó que quienes desarrollan los instrumentos necesarios para abordar la temática son las intendencias, en este caso la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha, que dirige Antonio Graña. Consultado por la diaria, Graña prefirió no hacer declaraciones.
Por su parte, el intendente aseguró que se podrá construir “si está dentro de la normativa; fuera, nada”. En relación a los terrenos chicos, Pereyra explicó que “lo que prevé la ordenanza es que gradualmente se vayan integrando a predios más grandes, de manera de generar predios que sean más viables desde el punto de vista urbanístico”. A su vez dijo que “está claro que la intendencia tiene que garantizar el libre acceso a quien es propietario de un padrón”, pero que eso no implica que deba construir una calle para el acceso, por ejemplo. Hizo hincapié en que todo lo que respecta a esos balnearios se desarrollará según a lo que establece la ordenanza y sostuvo que hay que “terminar con ese concepto del uso del suelo desde el punto de vista especulativo, para que el uso del suelo genere recursos genuinos para los rochenses”. Hay que “eliminar ese concepto de que como es una playa cualquiera, se puede venir a hacer lo que quiera”, sentenció.
Lo particular
Magnabosco explicó a la diaria que está en huelga de hambre porque quiere asegurarse de que, una vez que se instale en su terreno, la intendencia no va a ir a sacarlo, pero sobre todas las cosas porque denunció delitos -presuntamente cometidos por Zeballos- que asegura que no fueron investigados. Sin embargo, Magnabosco consiguió lo opuesto a lo que reclama: su procesamiento con prisión por seis meses, consecuencia de un juicio por difamación e injurias que le inicio Zeballos por declaraciones realizadas en la prensa rochense.
El 20 de enero Magnabosco llegó a Montecarlo y armó un rancho provisorio hasta que un agrimensor fuera al lugar y delimitara exactamente su propiedad, herencia familiar con “48 años de contribución al día”, afirmó su hermana, Ana. Desde que se instaló denunció en la comisaría local varios episodios: una amenaza de muerte, que metieron arena en el tanque de su tractor y el incendio adrede de su rancho, a principios de mayo. El 3 de agosto denunció la tala de árboles, por parte de Zeballos, en predios municipales. Hace un par de meses, Magnabosco decidió contar a la prensa su periplo y denunciar el caso públicamente, lo que derivó en su procesamiento con prisión por difamación e injurias. Magnabosco apeló el auto de procesamiento y además enfrenta otra denuncia, de Graña. El jerarca no aceptó la retracción de los dichos de Magnabosco y pidió que retirara las denuncias por tala. La Justicia determinó que se investigaran las denuncias, por lo que el caso aún está abierto.
Otra es la versión de Zeballos, quien accedió a hablar con la diaria. Dijo que está instalado allí desde hace 40 años y que ahora “este señor que dice ser el dueño vino y cortó el alambrado y entró. No respetó la ley para nada. Entró a prepo”. Respecto de la denuncia por la presunta tala de árboles, contestó: “Acá no hay ni un árbol, ni un eucalipto”.
Los hermanos Magnabosco afirman que es inadmisible que “un ciudadano que denuncia un delito en los medios termine preso”.
