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Cuando el senador
Rafael Michelini presentó la propuesta, la oposición lo acusó de
querer beneficiar al ex ministro de Economía Fernando Lorenzo
—compañero de sector político— y al ex presidente del Banco
República Fernando Calloia, ambos procesados por abuso de funciones
en el “caso Pluna”.
En la sesión
Michelini dijo que no pretende ayudar a sus “amigos”, como
denunció la oposición, sino que su objetivo es “levantar una
bandera de justicia”. Si hay “uruguayos injustamente procesados,
¿yo no hago nada?”.
Bordaberry realizó
una larga intervención en la que dijo varias veces que la medida es
para “salvar” a “amigos y correligionarios”.
Señaló que ahora
la Justicia está investigando la gestión en Ancap y la figura penal
que quiere derogar el oficialismo es una de las que podría ser
utilizada para procesar a algunos ex jerarcas. “Este sí que es un
mensaje al pueblo”, exclamó.
El legislador
anunció que si se aprueba el texto en Diputados saldrá a juntar
firmas para que la población opine. “Me va bien cuando junto
firmas y no cuando junto votos”, dijo entre risas.
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El cierre de la
discusión estuvo a cargo de Michelini. Al final de su intervención
dijo que por primera vez en su carrera como legislador sintió que
“un senador” le tenía “odio”. “Sentí un gran odio a mi
persona. Yo no voy a hacer política con odio”, afirmó.
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El martes al
mediodía la sesión ordinaria del Senado culminó sin grandes
novedades. Un par de protocolos internacionales y declarar el 13 de
enero como Día de la Primera Bandera de José Artigas fueron algunos
de los proyectos aprobados. Pero todos los senadores sabían que la
sesión del día siguiente iba a ser muy distinta. Se venía una
discusión complicada, comentaban entre ellos en los pasillos de la
Cámara Alta mientras se iban a sus despachos.
El miércoles 7, con
la mayoría que tiene en el Senado, el Frente Amplio aprobó un
proyecto de ley que deroga el delito de abuso de funciones en casos
no previstos por la ley. El artículo 162 del Código Penal que se
busca derogar establece que el “funcionario público que con abuso
de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en
perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se
hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de
las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a
tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a
cuatro años y multa”, que va de las 10 a las 3.000 Unidades
Reajustables.
La discusión del
proyecto llevó siete horas en las que el oficialismo aseguró que
impulsa la medida de derogar por una cuestión de “justicia”,
mientras que la oposición denunció que de esta manera se busca
beneficiar a “amigos” y “correligionarios” del Frente Amplio.
Además, el colorado
Pedro Bordaberry anunció que si se aprueba la iniciativa, saldrá a
juntar firmas para promover un referéndum y que la población decida
si respalda o no derogar el delito. “Ya tengo el eslogan: Ser
corrupto es delito”, afirmó en alusión a la campaña “Ser joven
no es delito” que impulsaron organizaciones sociales y el Frente
Amplio en contra de bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa
del propio Bordaberry.
Rafael Michelini fue
el principal defensor del proyecto desde el oficialismo. Dijo que
para él era el “informe más difícil” de su vida y que corría
con “desventaja”. “Hay una idea en el país de que todos los
políticos son corruptos y que esta derogación es en beneficio de
los otros. Está en las redes, se ha repetido en la prensa. Esa es
una gran desventaja para quien es miembro informante y está
convencido de que se debe derogar”, dijo el legislador. Michelini
sostuvo que el artículo 162 es “injusto” y “daña el honor de
las personas”.
En su intervención,
leyó la postura favorable a la derogación de las cátedras de
Derecho de varias facultades y recordó los fundamentos que estaban
en el proyecto original, redactado por Julio María Sanguinetti. “He
encontrado un admirador del doctor Sanguinetti”, dijo en broma
Bordaberry minutos después.
Michelini sostuvo
que al derogar el delito, Uruguay “no está indefenso ante la
corrupción” ya que hay casi 15 normas que combaten este problema.
Cuando el senador
del Frente Líber Seregni presentó la propuesta, la oposición lo
acusó de querer beneficiar al ex ministro de Economía Fernando
Lorenzo —compañero de sector político— y al ex presidente del
Banco República Fernando Calloia, ambos procesados por abuso de
funciones en el “caso Pluna”.
En la sesión
Michelini dijo que no pretende ayudar a sus “amigos”, como
denunció la oposición, sino que su objetivo es “levantar una
bandera de justicia”. Si hay “uruguayos injustamente procesados,
¿yo no hago nada?”.
Bordaberry realizó
una larga intervención en la que dijo varias veces que la medida es
para “salvar” a “amigos y correligionarios”.
Señaló que ahora
la Justicia está investigando la gestión en Ancap y la figura penal
que quiere derogar el oficialismo es una de las que podría ser
utilizada para procesar a algunos ex jerarcas. “Este sí que es un
mensaje al pueblo”, exclamó.
Además, dijo que
durante el tratamiento del proyecto en la comisión, uno de los
abogados que defendió la derogación fue Mario Spangenberg, que fue
defensor de Fernando Lorenzo. Bordaberry se quejó de que el abogado
no aclaró este hecho mientras exponía sus argumentos.
El legislador
anunció que si se aprueba el texto en Diputados saldrá a juntar
firmas para que la población opine. “Me va bien cuando junto
firmas y no cuando junto votos”, dijo entre risas.
Agregó que “no se
puede permitir que el Uruguay siga el camino de Argentina, Brasil y
Venezuela”.
Un planteo similar
realizó Luis Alberto Heber (Partido Nacional), y se preguntó: “¿No
vamos a proteger a los ciudadanos del abuso de poder de los
funcionarios?”.
Escándalos de
corrupción.
Luis Lacalle Pou
dijo que “no hay vacuna contra la corrupción” ni contra la
“deslealtad”. “Todos los partidos tuvieron episodios de
corrupción”, dijo, y criticó a “los modernos Torquemada de la
actividad política que hoy se victimizan”.
Jorge Larrañaga
dijo que el Frente Amplio “emprende una lucha contra la opinión
pública” y que se está ante una “discusión sobre ética”.
“Esto es una especie de indulto parlamentario, es un error”,
afirmó.
Pablo Mieres
(Partido Independiente) también se opuso al proyecto y señaló que
la medida va a afectar la relación entre los políticos y la
ciudadanía. “No se dan cuenta del flanco que abren. El problema es
la señal pública”, afirmó el legislador.
Constanza Moreira
(Frente Amplio) dijo que “no es verdad que haya más corrupción en
América Latina”. Informó que los casos de procesamiento por
abusos de funciones son “pocos” —menos del 10%—, aunque “muy
conocidos”. La legisladora dejó abierta la puerta para que en
Diputados, donde hay discrepancias sobre el tema incluso dentro del
oficialismo, el texto sea modificado.
La socialista Daisy
Tourné dijo que la oposición buscaba “conmover a la opinión
pública y hacer un poco de demagogia”.
Javier García
(Partido Nacional) le respondió que el problema se les genera a
todos los partidos al aprobar el proyecto. “Esto es un baldón de
barro para el sistema, perdemos todos”, dijo.
El cierre de la
discusión estuvo a cargo de Michelini. Al final de su intervención
dijo que por primera vez en su carrera como legislador sintió que
“un senador” le tenía “odio”. “Sentí un gran odio a mi
persona. Yo no voy a hacer política con odio”, afirmó.
