Algo hay que hacer
Olesker prepara informe sobre el Sirpa; sindicato de INAU defiende uso de la fuerza en Colonia Berro si no es “desmedido”
Tras
las denuncias por golpizas y torturas a jóvenes recluidos en el centro
Ser, de la Colonia Berro, el sindicato del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU) hizo pública el viernes una nota dirigida
al presidente del INAU, Javier Salsamendi. En ella sostienen que el
informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)
presentó al Parlamento hace diez días es “por lo menos parcial”. “Nada
se menciona acerca de las situaciones que día a día deben atravesar los
compañeros que trabajan con las y los adolescentes infractores que se
encuentran privados de libertad”, se lamenta el sindicato. Sostiene que
el informe de la INDDHH está basado en declaraciones hechas por internos
y sus familias sin tener en cuenta “también a los principales actores
que comparten el día a día con los adolescentes, es decir, los
funcionarios”. “A no ser que se pretenda suponer que todas y todos los
funcionarios que trabajan en el hoy sistema Sirpa (Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente) son partícipes de las presuntas
violaciones de DDHH denunciadas”, continúa la nota.
El sindicato concluye solicitando a Salsamendi que “en forma firme y urgente” invite “formalmente a la INDDHH a que se instale literalmente en la Colonia Berro con una oficina a modo de observatorio directo”. “Así podrá comprobar el trabajo cotidiano, el desempeño de todas y todos los trabajadores del sistema Sirpa y recabar sus testimonios, sin los cuales es absolutamente injusto y a todas luces parcial el informe en cuestión”, señalan los trabajadores.
la diaria le preguntó a Joselo López, presidente del sindicato del INAU, si el sindicato estaba al tanto de las situaciones que se denuncian (ver la diaria del 11/04/14). “Nosotros, normalmente, cuando hay alguna situación que se puede catalogar de irregular en algún centro, no necesariamente nos enteramos, a no ser que el funcionario involucrado pida la asistencia del sindicato. No estamos permanentemente sabiendo todo lo que sucede en los centros”, aclaró López.
Dijo, sin embargo, que tiene conocimiento de que “algunas denuncias se están procesando” y que “algún funcionario ha sido removido de su lugar de trabajo para que se pueda sustanciar la prueba”. Sabe el número de funcionarios que están en esa situación actualmente, pero se excusó de proporcionarlo. Aseguró que, hasta el momento, ninguna de las investigaciones concluidas sobre presuntos maltratos, que se realizan “no sólo en el centro Ser, sino también en gran parte de los servicios del Sirpa en general”, ha determinado que haya existido “responsabilidad de los trabajadores”.
Aclaró que el sindicato no ampara “ningún tipo de situación” que implique “un uso desmedido de la fuerza” por parte de los funcionarios, “sobre todo cuando es sistemática”. “Algún funcionario utiliza esos métodos para controlar situaciones, y de ninguna manera avalamos eso”, remarcó.
No obstante, dijo que “muchas veces los funcionarios tienen que utilizar la fuerza, y eso está reglado”, es decir que se permite a los funcionarios utilizar la fuerza para “controlar los desmanes, de una manera medida y que no sea sistemática”.
“Cuando la investigación determine un culpable, el sindicato va a establecer cuál es su posición. Si se apartó de las reglas, no lo va a defender. Si se da que los trabajadores usaron la fuerza dentro de lo permitido, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defenderlo”, concluyó.
Además, López defendió la gestión de Jessica Barrios al frente del centro Ser, así como las de las autoridades del Sirpa (Ruben Villaverde) y el INAU (Salsamendi). Las comparó con la de Nora Castro, quien presidió el INAU durante los primeros años del gobierno de José Mujica.
“Había que ver lo que era el centro Ser y lo que es ahora. Hace cuatro o cinco años había motines todos los días, había trabajadores lastimados; los gurises cagaban y meaban en bolsas de nailon, comían en botellas porque ni siquiera había platos”, aseguró López, y remarcó que eso hoy no sucede.
Villaverde no ha querido hacer declaraciones por el momento. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay reclamó el viernes su renuncia, luego de que se conocieran los contenidos de las denuncias por maltratos en la Colonia Berro. Se cuestionan también declaraciones públicas de Villaverde anteriores a estos hechos.
En 2011, planteó en el programa En perspectiva, de la radio El Espectador, que a un joven que había cometido su tercer homicidio luego de fugarse del INAU había que “erradicarlo de la sociedad”.
“La ruptura de
este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de
la misma. Lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad y hay
dos fórmulas: una es la perpetua, y en la otra había que ir a Irán,
China o a algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución,
pero el Nico no tiene recuperación; y la izquierda se debe un profundo
debate para ver qué es lo que se hace con los que no tienen
recuperación”, manifestó Villaverde en aquella instancia. El Comité de
los Derechos del Niño también pidió el jueves la renuncia del titular
del Sirpa, por ser una persona “no idónea para el trabajo con
adolescentes” y por “haber formulado afirmaciones indirectas de apoyo a
la pena de muerte”. Salsamendi declaró a la diaria que esta semana
estaría listo un informe del Sirpa mediante el cual contesta, “punto por
punto”, las denuncias formuladas por la INDDHH.
En tanto, Olesker se excusó de hablar sobre las denuncias concretas, pero dijo a este medio que está preparando un informe “estructural” sobre el Sirpa, que presentará en breve.
El sindicato concluye solicitando a Salsamendi que “en forma firme y urgente” invite “formalmente a la INDDHH a que se instale literalmente en la Colonia Berro con una oficina a modo de observatorio directo”. “Así podrá comprobar el trabajo cotidiano, el desempeño de todas y todos los trabajadores del sistema Sirpa y recabar sus testimonios, sin los cuales es absolutamente injusto y a todas luces parcial el informe en cuestión”, señalan los trabajadores.
la diaria le preguntó a Joselo López, presidente del sindicato del INAU, si el sindicato estaba al tanto de las situaciones que se denuncian (ver la diaria del 11/04/14). “Nosotros, normalmente, cuando hay alguna situación que se puede catalogar de irregular en algún centro, no necesariamente nos enteramos, a no ser que el funcionario involucrado pida la asistencia del sindicato. No estamos permanentemente sabiendo todo lo que sucede en los centros”, aclaró López.
Dijo, sin embargo, que tiene conocimiento de que “algunas denuncias se están procesando” y que “algún funcionario ha sido removido de su lugar de trabajo para que se pueda sustanciar la prueba”. Sabe el número de funcionarios que están en esa situación actualmente, pero se excusó de proporcionarlo. Aseguró que, hasta el momento, ninguna de las investigaciones concluidas sobre presuntos maltratos, que se realizan “no sólo en el centro Ser, sino también en gran parte de los servicios del Sirpa en general”, ha determinado que haya existido “responsabilidad de los trabajadores”.
Aclaró que el sindicato no ampara “ningún tipo de situación” que implique “un uso desmedido de la fuerza” por parte de los funcionarios, “sobre todo cuando es sistemática”. “Algún funcionario utiliza esos métodos para controlar situaciones, y de ninguna manera avalamos eso”, remarcó.
No obstante, dijo que “muchas veces los funcionarios tienen que utilizar la fuerza, y eso está reglado”, es decir que se permite a los funcionarios utilizar la fuerza para “controlar los desmanes, de una manera medida y que no sea sistemática”.
“Cuando la investigación determine un culpable, el sindicato va a establecer cuál es su posición. Si se apartó de las reglas, no lo va a defender. Si se da que los trabajadores usaron la fuerza dentro de lo permitido, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defenderlo”, concluyó.
Además, López defendió la gestión de Jessica Barrios al frente del centro Ser, así como las de las autoridades del Sirpa (Ruben Villaverde) y el INAU (Salsamendi). Las comparó con la de Nora Castro, quien presidió el INAU durante los primeros años del gobierno de José Mujica.
“Había que ver lo que era el centro Ser y lo que es ahora. Hace cuatro o cinco años había motines todos los días, había trabajadores lastimados; los gurises cagaban y meaban en bolsas de nailon, comían en botellas porque ni siquiera había platos”, aseguró López, y remarcó que eso hoy no sucede.
Política
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo el sábado a El País que mantuvo una reunión con el senador de su partido Jorge Larrañaga por este tema, y que están evaluando interpelar al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Aseguró que si el titular del Sirpa, Ruben Villaverde, no comparece ante el Parlamento en forma “urgente”, interpelarán al ministro. “Porque el ministro Olesker es el responsable político ante el Parlamento de lo que acontece en el INAU y de todo lo que concierne a la situación de los menores infractores”, explicó Abdala. En cuanto a la convocatoria a Villaverde, el legislador nacionalista recordó que el titular del Sirpa salió la semana pasada “indignado a desmentir las afirmaciones de la INDDHH”. “Bueno, si eso es así, que venga a hacerlo al Parlamento, y que los legisladores recibamos de él la información correspondiente”, manifestó.Villaverde no ha querido hacer declaraciones por el momento. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay reclamó el viernes su renuncia, luego de que se conocieran los contenidos de las denuncias por maltratos en la Colonia Berro. Se cuestionan también declaraciones públicas de Villaverde anteriores a estos hechos.
En 2011, planteó en el programa En perspectiva, de la radio El Espectador, que a un joven que había cometido su tercer homicidio luego de fugarse del INAU había que “erradicarlo de la sociedad”.
Tour
Un grupo de legisladores visitará el centro Ser, de la Colonia Berro. La comisión especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes, ámbito en el que la INDDHH planteó las denuncias sobre este centro, se reunirá la primera semana de mayo y fijará una fecha para realizar una recorrida por el lugar. De esa manera, pretenden constatar las condiciones en las que viven los jóvenes. “Hay que analizar profundamente el tema”, manifestó la presidenta de la comisión, Bertha Sanseverino (Frente Amplio).En tanto, Olesker se excusó de hablar sobre las denuncias concretas, pero dijo a este medio que está preparando un informe “estructural” sobre el Sirpa, que presentará en breve.