Jorge Notaro - Economista
Al igual que otros técnicos frenteamplistas, está a favor de un tipo de cambio competitivo y de la aplicación de detracciones
+ Denis Dutra - twitter.com/dfdutra -
El Observador
En economía, sexo y lugar donde vive, es en los
únicos aspectos en los que el economista Jorge Notaro no cambió, asegura
con seriedad. Exmilitante del Partido Socialista, amigo personal de
Hugo Batalla y votante de Asamblea Uruguay hasta que su líder y fundador
Danilo Astori comenzó a conducir los destinos económicos del país en
2005, se sintió recientemente obligado a renunciar a la comisión de
programa del Frente Amplio por decir lo que pensaba. Asesor económico de
José Mujica durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia
en 2009, del Partido Comunista, del Partido Obrero Revolucionario y de
la precandidata frenteamplista Constanza Moreira, Notaro está convencido
de que la política económica del Frente Amplio es la misma que
aplicaron blancos y colorados. A continuación, un resumen de la
entrevista realizada en su apartamento del Centro de Montevideo.
¿Qué
evaluación hace de la situación económica uruguaya y cuánto mérito le
asignaría a la conducción que desde 2005 está en manos del astorismo?
En
economía, el Frente Amplio es la continuidad de blancos y colorados. La
política macroeconómica del Frente Amplio es la misma que dejó el
gobierno de Jorge Batlle. No es una afirmación mía, sino que me limito a
citar el comunicado de prensa del FMI del 8 de junio de 2005, que
estableció que “la política monetaria continuará centrada en base money
targeting (objetivo de base monetaria) en el contexto de un régimen de
tipo de cambio flexible hasta que las condiciones permitan cambiar a un
inflation targeting framework (marco de metas de inflación).
Las
condiciones internacionales son tan favorables que a pesar de los
equipos económicos de Lacalle o de Batlle, con su liberalismo ingenuo o
tal vez frívolo, el PIB hubiera crecido. Los cambios en el proceso
económico son el resultado de un conjunto de condiciones, nacionales e
internacionales, económicas, sociales y políticas. Al cabo de ocho años
de gobierno del FA se alcanzaron niveles sin precedentes de la actividad
económica medida por el PIB, de la inversión privada, en particular la
inversión extranjera directa, del número de personas ocupadas en empleos
sin restricciones, del salario real y las pasividades que superaron los
niveles máximos alcanzados en 1998 antes del comienzo de la crisis.
En
los últimos días se generó un debate acerca de si la izquierda se
acercó a la derecha en materia económica, ¿usted qué opina al respecto?
¿Cree que hay alternativas al astorismo viable dentro de la izquierda
para conducir la economía o ganó Harvard, una concepción tan dogmática
como Moscú, como dijo alguna vez el presidente Mujica?
Fue la izquierda la que cambió claramente. En América Latina la opción
de la política macroeconómica es entre el inflation targeting que adoptó
el equipo económico del Frente Amplio o la de tipo de cambio real
competitivo. La segunda es precondición para promover las exportaciones
con mayor valor agregado. El aumento de la cotización del dólar tendrá
como impactos negativos la aceleración de la inflación y el aumento de
las ganancias de las cadenas agroexportadoras. Pero si no se aumenta el
tipo de cambio se desestimulan las exportaciones con valor agregado, se
facilita el desplazamiento de la producción nacional por importaciones
en el mercado interno, se reduce el ingreso de turistas y aumenta el
gasto de residentes en el país haciendo turismo en el exterior.
Para resolver este dilema es necesario pasar a un tipo de cambio real
competitivo y para evitar los impactos hay que acompañar la devaluación
con detracciones, con mayores tasas para los bienes con baja o ninguna
industrialización (y) con una parte de estos recursos subsidiar algunos
bienes de consumo popular, como lo hicieron Azzini en 1959 y Lavagna en
Argentina en 2003.
Si tuviera que identificar las vulnerabilidades que aún enfrenta el país en materia económica, ¿cuáles marcaría?
El
importante proceso de concentración y extranjerización de los medios de
producción, como la tierra, industrias manufactureras y cadenas de
supermercados, que se agregaron a la ya totalmente extranjerizada banca
privada. Como no existe un banco de desarrollo ni ninguna otra forma de
financiamiento de inversiones, la ley de promoción de inversiones tuvo
como efecto aumentar la rentabilidad de los que tienen capital y se
transformó en una ley de promoción de la inversión extranjera
privilegiada en relación con los emprendimientos nacionales.
Cada inversión extranjera que se localiza en el país implica que esa
porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una
empresa transnacional, debilita el poder del Estado y limita el ámbito
de acción de la política económica. En el mediano plazo la repatriación
del capital y de las utilidades generará un efecto negativo en la
balanza de pagos; durante 2011 y 2012 las transferencias de ingresos al
exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de
US$ 1.300 millones anuales. Se debe limitar las inversiones extranjeras
directas a las que aportan capital, mercados externos, valor agregado,
contenido tecnológico, aprendizaje y demanda de insumos nacionales.
Desde
que la izquierda llegó al gobierno hubo una mejora en la distribución
del ingreso, pero hay quienes sostienen que existe margen para gravar
con más impuestos al capital en aras de seguir redistribuyendo. ¿Qué
opina al respecto? ¿Se debería ir por ese camino gravando, por ejemplo, a
los grandes exportadores?
Está fuera de discusión que
los ingresos de los trabajadores y los pasivos mejoraron de manera muy
importante durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero para afirmar
que mejoró la distribución del ingreso es necesario demostrar que los
ingresos de estos grupos sociales aumentaron más que los ingresos del
capital por utilidades, dividendos o rentas de la tierra. Yo estimé los
ingresos del capital en US$ 10.000 millones, lo que sumado a la
información sobre los impuestos directos en Argentina y Brasil, muestran
que en Uruguay hay margen para cobrar más impuestos a la propiedad y a
los ingresos del capital.
