El fallo del Tribunal Supremo en el ‘caso Mediaset’ mantiene en vilo a Italia ante la posibilidad de que entierre la carrera política del ex primer ministro
El País de España
Los jueces que condenaron en primera y segunda instancia a Silvio Berlusconi por el caso Mediaset —fraude fiscal en la compra de derechos televisivos— coincidieron en que el político y magnate tiene “propensión a cometer delitos”.
Si el Tribunal Supremo confirma ahora las sentencias idénticas —cuatro
años de cárcel y cinco de inhabilitación—, la carrera política del tres
veces primer ministro italiano habrá llegado a su fin. El líder del
centroderecha ha hecho todo lo posible en los últimos meses para, por
las buenas o por las malas, canjear su apoyo al Gobierno de Enrico Letta
por un salvoconducto que lo protegiese de los jueces, pero no parece
haberlo logrado. Su equipo de abogados batalla a la desesperada por
evitar la condena mientras su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL),
amenaza con incendiar de nuevo la política italiana.
La condena en segunda instancia fue dictada por el Tribunal de Apelación de Milán el pasado 8 de mayo. Se consideraba probado que el grupo audiovisual Mediaset evadió al fisco alrededor de siete millones de euros —que envió a cuentas en el extranjero— procedentes de los derechos de transmisión de películas estadounidenses entre 2002 y 2003. Si bien la pena de cuatro años de prisión se quedaría en uno por la llamada ley del indulto y además podría ser descontada en arresto domiciliario o mediante trabajos a favor de la comunidad, la inhabilitación a cinco años sí supondría, de facto, el adiós de Berlusconi a la política activa. En teoría, Berlusconi tendría que dejar su puesto de senador, no podría presentarse a las elecciones ni liderar un partido que sin él está abocado al fracaso. Pero eso solo es la teoría. La práctica suele ser más complicada, sobre todo en Italia. Hay que tener en cuenta que, en caso de condena, el Parlamento tendría que dar su aprobación, mediante votación secreta, para que se cumpliera la sentencia. Y no hay que echar en saco roto la capacidad de Berlusconi, y de su poderío político y económico, para cambiar el curso de las votaciones.
En cualquier caso, en Roma se vive con pasión —y bajo un calor asfixiante— la última batalla de Il Cavaliere. Sin minusvalorar la capacidad italiana para encontrar salidas donde no las hay, las opciones que baraja la defensa son las siguientes. El Tribunal Supremo podría absolver a Berlusconi o decidir que el proceso se repitiese. También existe la posibilidad de que se confirmara el año de cárcel —que en ningún caso tendría que cumplir dada su edad, 76 años—, pero que al mismo tiempo se rebajara el periodo de inhabilitación para ejercer cargo público. La tercera opción sería aprovechar un hipotético aplazamiento de la vista para ensayar otras estrategias y lograr, de camino, una composición del tribunal más favorable a Berlusconi. La ira del magnate se desató hace unas semanas cuando el Tribunal Supremo decidió adelantar al 30 de julio la vista definitiva sobre el caso Mediaset. Los magistrados intentaban de esta forma que parte de los delitos que se juzgan no prescribiesen durante el verano, dado que el proceso se remonta a siete años atrás, pero Berlusconi —que esperaba tener más tiempo para armar su defensa— lo atribuyó una vez más al intento desesperado de “los jueces comunistas” por conseguir en los tribunales lo que los candidatos de la izquierda no logran en las urnas. “Me quieren apartar de la política a toda costa, pero si caigo yo, cae también el Gobierno”, es el estribillo que su círculo más cercano puso en un primer momento en la boca del magnate.
Gracias a una ensalada de leyes diseñadas a su medida, delitos prescritos, amnistías, sentencias recurridas y testigos agradecidos a su poderosa chequera, Silvio Berlusconi se las viene ingeniando para evitar una condena definitiva. La sombra del magnate ha aparecido en los últimos años alrededor de asuntos gravísimos relacionados con la Mafia, la inducción a la prostitución de menores, las comisiones ilegales o los fraudes económicos, pero el viejo zorro de la política italiana —auxiliado por su gran imperio mediático— ha conseguido inocular en los votantes de centroderecha una ecuación perversa: cuando sale absuelto, los medios de su propiedad lo hacen aparecer como un inocente perseguido por la justicia; si resulta condenado, el retrato es idéntico: no se le juzga por los hechos, sino por su perfil político. Ahora, en cambio, la situación parece haber llegado a un punto de no retorno.
La condena en segunda instancia fue dictada por el Tribunal de Apelación de Milán el pasado 8 de mayo. Se consideraba probado que el grupo audiovisual Mediaset evadió al fisco alrededor de siete millones de euros —que envió a cuentas en el extranjero— procedentes de los derechos de transmisión de películas estadounidenses entre 2002 y 2003. Si bien la pena de cuatro años de prisión se quedaría en uno por la llamada ley del indulto y además podría ser descontada en arresto domiciliario o mediante trabajos a favor de la comunidad, la inhabilitación a cinco años sí supondría, de facto, el adiós de Berlusconi a la política activa. En teoría, Berlusconi tendría que dejar su puesto de senador, no podría presentarse a las elecciones ni liderar un partido que sin él está abocado al fracaso. Pero eso solo es la teoría. La práctica suele ser más complicada, sobre todo en Italia. Hay que tener en cuenta que, en caso de condena, el Parlamento tendría que dar su aprobación, mediante votación secreta, para que se cumpliera la sentencia. Y no hay que echar en saco roto la capacidad de Berlusconi, y de su poderío político y económico, para cambiar el curso de las votaciones.
En cualquier caso, en Roma se vive con pasión —y bajo un calor asfixiante— la última batalla de Il Cavaliere. Sin minusvalorar la capacidad italiana para encontrar salidas donde no las hay, las opciones que baraja la defensa son las siguientes. El Tribunal Supremo podría absolver a Berlusconi o decidir que el proceso se repitiese. También existe la posibilidad de que se confirmara el año de cárcel —que en ningún caso tendría que cumplir dada su edad, 76 años—, pero que al mismo tiempo se rebajara el periodo de inhabilitación para ejercer cargo público. La tercera opción sería aprovechar un hipotético aplazamiento de la vista para ensayar otras estrategias y lograr, de camino, una composición del tribunal más favorable a Berlusconi. La ira del magnate se desató hace unas semanas cuando el Tribunal Supremo decidió adelantar al 30 de julio la vista definitiva sobre el caso Mediaset. Los magistrados intentaban de esta forma que parte de los delitos que se juzgan no prescribiesen durante el verano, dado que el proceso se remonta a siete años atrás, pero Berlusconi —que esperaba tener más tiempo para armar su defensa— lo atribuyó una vez más al intento desesperado de “los jueces comunistas” por conseguir en los tribunales lo que los candidatos de la izquierda no logran en las urnas. “Me quieren apartar de la política a toda costa, pero si caigo yo, cae también el Gobierno”, es el estribillo que su círculo más cercano puso en un primer momento en la boca del magnate.
Gracias a una ensalada de leyes diseñadas a su medida, delitos prescritos, amnistías, sentencias recurridas y testigos agradecidos a su poderosa chequera, Silvio Berlusconi se las viene ingeniando para evitar una condena definitiva. La sombra del magnate ha aparecido en los últimos años alrededor de asuntos gravísimos relacionados con la Mafia, la inducción a la prostitución de menores, las comisiones ilegales o los fraudes económicos, pero el viejo zorro de la política italiana —auxiliado por su gran imperio mediático— ha conseguido inocular en los votantes de centroderecha una ecuación perversa: cuando sale absuelto, los medios de su propiedad lo hacen aparecer como un inocente perseguido por la justicia; si resulta condenado, el retrato es idéntico: no se le juzga por los hechos, sino por su perfil político. Ahora, en cambio, la situación parece haber llegado a un punto de no retorno.
