Autor: Doctor en Ciencia Política.
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Un pronóstico sobre el plebiscito constitucional
Los plebiscitos
constitucionales simultáneos a las elecciones nacionales encuentran
grandes problemas para hacerse un lugar en la agenda pública. Esto
resulta natural porque las consultas persiguen objetivos diferentes.
Mientras la elección nacional selecciona gobernantes y representantes de
los ciudadanos, el plebiscito constitucional se concentra sobre un
único problema. O sea, la elección nacional puede debatir sobre una
amplia variedad de materias pero el plebiscito solo puede abordar una
sola. Bajo estas condiciones, no debería sorprender que los plebiscitos
pasen desapercibidos para buena parte de la población.
No obstante, en
ciertas ocasiones los plebiscitos se tornan importantes. El ejemplo de
manual es la recordada reforma constitucional promovida por las
asociaciones de jubilados que buscaba atar el reajuste de sus
jubilaciones y pensiones con la evolución del índice medio de salarios.
Como la enmienda afectaba a más de la quinta parte del electorado,
todos los candidatos -con la excepción de Jorge Batlle- terminaron
apoyando la reofrma, la cual fue aprobada por una clara mayoría del
72,5% de los votos.
Vistas las cosas así,
podríamos pensar que la capacidad de una propuesta de reforma de
adquirir centralidad y ser aprobada está fuertemente vinculada con la
magnitud de beneficiarios que presenta la enmienda. Sin embargo, algunas
iniciativas que eran favorables a amplios sectores del electorado (por
ejemplo la de la educación en 1994) también fracasaron. En su libro
sobre la democracia directa*, mi colega David Altman muestra que la
suerte de las enmiendas también dependen de factores políticos
(posicionamiento que asume el gobierno), sociales (existencia o no de
apoyo de un poderoso grupo de presión), económicos (evolución de ciertas
variables económicas) o institucionales (coincidencia o no con las
elecciones nacionales). En otras palabras, la probabilidad de que un
plebiscito constitucional adquiera centralidad y la reforma sea aprobada
no solo depende de sus contenidos sino también de otras variables.
Analicemos ahora el
caso del presente plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad:
el gobierno se opone; la consulta es simultánea a las elecciones
nacionales; las condicionantes económicas son favorables al gobierno; no
existe un poderoso grupo de presión detrás de la iniciativa. ¿Qué nos
diría Altman al respecto? No lo sabemos pero tal vez podría pensar que
no se ha conformado la combinación de factores apropiada como para
favorecer un resultado positivo.
Ahora bien, pese a eso
todas las encuestas muestran hasta ahora existe una mayoría de
ciudadanos favorables a la reforma, por lo cual su chance de éxito está
intacta. Pero la pregunta crucial es si esto permanecerá así en los
próximos meses. La respuesta es que no y paso a explicarme.
En mi opinión los
promotores del plebiscito lanzaron esta propuesta aprovechando el
malestar que manifestaba la ciudadanía uruguaya respecto a las
cuestiones de seguridad pública. Su objetivo no era resolver el problema
de la seguridad pública mediante esta reforma, el verdadero objetivo
era obtener ciertas ventajas frente a sus competidores.
Obsérvese
que la jugada fue muy inteligente porque en una sola movida la
iniciativa dividió al Partido Nacional (el Herrerismo de un lado y el
Larrañaga del otro) y colocó a Bordaberry en el centro de la agenda
pública. Si considero la batería de proyectos de ley sobre la materia
que los promotores presentaron en el Parlamento, no puedo endilgarles la
idea banal de que su propuesta para resolver los problemas de
inseguridad se limite a bajar la edad de imputabilidad. Nada de eso. La
movida fue una jugada política magistral que le permitió al Partido
Colorado crecer no menos de cinco o seis puntos porcentuales tal cual
hoy lo demuestran las encuestas.
Pero el tiempo pasa y la
consulta ya está a la vista. La opinión pública comienza a desperezarse
pese a los obstáculos que tienen todos los plebiscitos. Primero se formó
una comisión integrada por grupos políticos y organizaciones sociales
que lanzó una prolija campaña denominada "No a la baja", que aun
careciendo de recursos se las arregló para mantener el tema encendido e
imponer su mensaje. Los pájaros de origamis y los globos comienzan a ser
familiares en el paisaje urbano. También la Universidad de la
República, luego de impulsar decenas de debates con expertos y técnicos,
terminó rechazando a la medida, no sin antes debatir orgánicamente en
todos sus ámbitos. Finalmente, fue la Iglesia, y más precisamente el
novel y renovador Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien rechazó
la idea de modificar la Constitución con esa intención, para sorpresa de
buena parte de sus feligreses acostumbrados al conservadurismo de su
antecesor.
En ese contexto, la
suerte de la enmienda comenzó a tambalearse. En pocos meses, el apoyo a
la baja de la edad de imputabilidad cayó diez puntos porcentuales y a
esta altura muchos analistas se preguntan si en verdad todo no terminará
en un fracaso. Yo elevaré la apuesta y diré que existen buenas razones
para pensar que la probabilidad de éxito de la baja a la edad de
imputabilidad es muy escasa por no decir nula. Tengo dos formas de
argumentar esta sentencia. La primera consiste en aplicar los hallazgos
de Altman y demostrar que no existen condiciones estructurales para su
aprobación. La segunda consiste en señalar que la propia dinámica de la
campaña se encargará de jaquear la suerte de la reforma, pues su ingreso
en el debate público no hará otra cosa que alinear lealtades
partidarias.
El razonamiento es el
siguiente: si mis cálculos no fallan, tendremos durante los cinco meses
que van de junio a octubre una disputa más o menos abierta entre
Larrañaga y Bordaberry por hacerse del segundo lugar en el balotaje de
noviembre. En ambos casos, la hipótesis de triunfo presidencial pasa por
un mismo objetivo estratégico: que el Frente Amplio no alcance la
mayoría de votos y conseguir la segunda plaza para competir por la
victoria en noviembre.
Como Larrañaga está en contra de la baja a
la edad de imputabilidad, Bordaberry colocará al plebiscito como un
tema central de su campaña, de forma de favorecer la fuga de votos
blancos. Estoy pensando en aquellos votantes de derecha de Lacalle Pou,
simpatizantes del Herrerismo y grupos afines, que apoyan la reforma y
que con la derrota de su candidato sentirán que el ganador no representa
cabalmente sus puntos de vista. Por ellos irá Bordaberry y todo su
equipo ofreciendo el menú de la baja a la edad de imputabilidad.
Larrañaga evitará confrontar en esos términos pero propondrá otras
medidas exquisitas para el paladar del votante de derecha. Algunas ya
las estamos escuchando en la campaña para las primarias pero seguramente
se irán incrementando en la medida que Bordaberry insista con la carta
del plebiscito.
En ese marco, los otros candidatos, Vázquez y
Mieres, detectarán la posibilidad de polarizar el debate en base al
tema, dejando así a Larrañaga en una posición incómoda que podría
denominar "fuego cruzado a dos frentes". Este tipo de competencia basada
en movimientos orientados a captar el voto de segmentos específicos del
electorado provocará un alineamiento de los electores con la posición
de sus líderes y ello traerá un único resultado: el deterioro de la
intención de voto por la reforma constitucional. Si hoy está en 58%
seguirá bajando hasta caer por debajo del 50%, cifra necesaria para
alcanzar su aprobación.
A esto se suma el
hecho de que las reglas constitucionales de reforma prevén que solo
votarán la reforma aquellos electores que están a favor. O sea, solo los
que quieran enmendar la Carta deben expresar su voluntad mediante una
papeleta. Los que se opongan y los que no coloquen la papeleta serán
considerados contrarios a la reforma. Ésta es una regla típica a favor
del status quo y fue pensada adrede por los constituyentes. Si querés
cambiar la Constitución, será mejor que te esfuerces y consigas expresar
la voluntad del pueblo.
En ese sentido, la pregunta es: ¿cómo
harán los promotores de la reforma para que todos los electores
proclives a su aprobación, pero que votan a partidos que se oponen,
introduzcan la papeleta en la urna? Difícil tarea que se lograría
únicamente si se genera un gran debate despartidizado. Pero como hemos
argumentados eso es difícil de lograr en medio de una contienda donde se
ponen en juego otras cosas, entre ellas el premio mayor de la
presidencia.
Bajo estas circunstancias, lo más seguro será que
se impongan -una vez más- las identidades partidarias por sobre los
debates ciudadanos. En suma, si tuviera que apostar mi hamburguesa, como
le gusta decir a Luis Eduardo González, lo haría obviamente por la no
aprobación de la reforma.
* Altman, David (2011). Direct Democracy Worldwide. Cambridge University Press.
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