Injusto Gerardo Sotelo Cybertario

 

SOBRE EL AUTOR

Con más de veinticinco años de trabajo como periodista, se destaca como conductor e informativista de radio y televisión. Actualmente conduce el Diario Sarandi y 690 en Punto (en Radio Sarandí) y escribe para el diario El País y para Montevideo Portal. 

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El caso de la madre de un alumno escolar procesada por la Justicia por agredir a una maestra es algo más que un hecho delictivo. La brutal agresión, pretextada por una observación de la maestra hacia la conducta de su hijo, revela en qué ambiente y con qué valores se cría buena parte de nuestra infancia. Estamos ante un sector de la población altamente vulnerable, integrado por menores que aprenden de sus madres y padres al menos dos lecciones: la primera es la justificación de las faltas de conducta en lugar de aceptar sus consecuencias negativas; la segunda es la afirmación de que las diferencias entre las personas se pueden arreglar a las patadas. Incluso si el otro está en el piso. Una doble legitimación de la violencia que seguramente ya habrán experimentado en el hogar y que constituirá acaso la verdadera cárcel en la que cientos de niños y niñas corren riesgo de quedar atrapados.

Cuando se promueve la rebaja de la edad de imputabilidad penal se busca aumentar el castigo a adolescentes que padecieron situaciones similares a las del alumno de la escuela 115.

La sociedad uruguaya está abrumada por la delincuencia y en su desesperación, apela a lo que tiene a mano para defenderse. La mayoría de la población parece resuelta a aumentar el castigo a los adolescentes a partir de los dieciséis años de edad, quizás porque se trata de la única solución mágica que aún no se intentó.

Hace veinte años, la bala de plata era la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas. El resultado no fue más seguridad sino más delitos y más delincuentes. Las cifras de encarcelamiento de Uruguay son extraordinariamente altas en relación a su población y aún con el régimen vigente (que ya cuenta con un sistema de penalización a partir de los trece años) la cantidad de menores privados de libertad aumentó considerablemente en los últimos dos años.

Nada de esto mejoró la seguridad pública, pero muchos actores políticos aconsejan ahora aumentar el universo punible con adolescentes de dieciséis y diecisiete años. La alternativa represora en materia penal se parece a la "lucha contra las drogas": como no funciona sino que genera efectos contraproducentes, debemos aumentar la dosis.

Los defensores de la "baja" invocan también razones antropológicas, como la presunta anticipación en la madurez de los adolescentes. Sin embargo, no es cierto que los adolescentes "maduren" más tempranamente. Lo que se observa es que los hijos de las familias más pobres asumen más tempranamente conductas y funciones de adultos, sin tener las herramientas psicosociales adecuadas.

Rebajar la edad de imputabilidad penal hará que los centros de reclusión aumenten su población con adolescentes pobres, muchos de ellos madres y padres, criados en hogares donde todo se resolvía de la manera brutal que lo hizo la madre que agredió a la maestra en la escuela 115. Bajar la edad de imputabilidad en lugar de subir las oportunidades de insertarse socialmente y de resolver pacíficamente los conflictos, no sólo será inefectivo. Será, además, injusto.