“Los empresarios serán culpables hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Martín Rodríguez, presidente del Centro Comercial de Rocha en la última reunión de directiva de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. De esta manera dejó plasmada la preocupación que las directivas de las gremiales empresariales que integran la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE) tienen sobre un cambio en el Código Tributario que está incluido en la Rendición de Cuentas que está a estudio y pendiente de aprobación en el Parlamento Nacional. El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas fue enviado al Parlamento el pasado 14 de Junio. El mismo incluye una reforma tributaria que contiene cambios impositivos en el IRAE, IRPF, IRNR y el IASS. Además de estos cambios, los dirigentes empresariales detectaron unamodificación al artículo 159 Código Tributario, donde se agrega el aparado 20 bis. Mediante esta modificación se dispone la responsabilidad solidaria respecto a las deudas que determine la administración pública a su criterio, a todos los integrantes de un “conjunto económico”. La norma no establece específicamente que es un “conjunto económico” sino que delega a la administración pública la discrecionalidad de establecer cuando se configura el mismo. Este hecho según varios especialistas, es de carácter inconstitucional. El cambio permite a la Administración que a partir de ciertas presunciones, trasladar la responsabilidad fiscal a empresarios, quienes deberán responder con su patrimonio, por deudas que originen otros. Al respecto, Pereyra sostuvo que “con este cambio los inspectores de la DGI pasarán a tener superpoderes, ya que podrán decidir con discrecionalidad a quienes trasladar la responsabilidad fiscal”. “Al introducir estos cambios en el Código Tributario a través de la Rendición de Cuentas, con exiguo debate parlamentario debido a los plazos perentorios, el Poder Ejecutivo procura corregir los fallos desfavorables de la Justicia” sostuvo Pereyra. A través del cambio en la norma, el Gobierno pretende terminar con sentencias desfavorables en la Justicia. El dirigente agregó que “se invierte la carga de la prueba, es el empresario o comerciante quien debe probar su inocencia, cuando por el derecho vigente es al revés, es el Estado quien debe probar que el comerciante infringió la normativa”. La preocupación por la introducción de este cambio, fue presentada por los presidentes de las gremiales empresariales de Maldonado y Rocha, José Pereyra y Martín Rodríguez, en la última reunión de Directiva de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, de la que forman parte. La Directiva resolvió acompañar los reclamos y estudiar distintas acciones tendientes a evitar la aprobación del cambio al Código Tributario. También presentaron el reclamo al senador Larrañaga, el cuál incluyó el tema en la última interpelación al Ministro Astori.
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