Ruibal Pino criticó plan de Bonomi para que el ministerio otorgue salidas a los presos
El Observador
El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sumó un nuevo punto de discordia en el marco del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento. Ayer, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) salió al cruce de la iniciativa del Ministerio del Interior para habilitar las salidas transitorias de presos sin orden judicial.
“Las salidas transitorias deben ser potestad de los jueces de las causas”, dijo al culminar la reunión con diputados el presidente de la SCJ, Jorge Rubial Pino. Además, enfrentó de manera directa al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. “Si Bonomi recuerda errores de jueces en salidas transitorias yo recuerdo síntomas de corrupción policial cuando la otorgaban ellos”, agregó tras la visita de la corporación a la comisión en el marco de la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas.
“Conocemos muy poca corrupción judicial y sí lamentablemente varios casos de corrupción policial”, agregó el magistrado. Durante su intervención, el presidente de la SCJ manifestó su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, según dijeron a El Observador participantes de la reunión. “La opinión fue contundente”, dijo un diputado consultado.
El Ministerio del Interior incluyó en la Rendición de Cuentas un artículo que quita de la órbita judicial la autorización para dar salidas transitorias a presos que estudien o trabajen. Esa potestad es trasladada a las autoridades policiales. “Facúltase al Instituto Nacional de Rehabilitación a autorizar la salida fuera del establecimiento de reclusión de personas privadas de libertad, dentro del marco de programas de rehabilitación vinculados a formación o trabajo”, señala el artículo 117 de la Rendición de Cuentas.
Bonomi dijo en la comisión que “el juez tampoco da garantías” y puso como ejemplo el caso de una salida transitoria otorgada a un narco que estaba preso en Lavalleja. “Cuando iba para su casa se le ocurrió pasar con el custodia, la señora y los hijos por el Cerro, y allí lo mataron. Reitero que la autorización la había dada un juez. Entonces, las garantías no se dan por la institución que dé la autorización, sino por cómo la da”, dijo Bonomi.
Los magistrados ya habían planteado sus diferencias en junio, cuando Bonomi informó durante una charla organizada en el local de Asamblea Uruguay que preparaba un cambio normativo para habilitar la salida de presos sin aval judicial.
La nueva discrepancia entre la Suprema Corte y el Ejecutivo se suma a la queja del gobierno por la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración del Inmueble Rural (ICIR) y por el traslado de la jueza Mariana Mota, que pasó de un juzgado penal, en el que tenía a su cargo más de 50 causas de violación a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, a uno civil.
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