El presidente del Comité Nacional para la
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la
Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purstcher, dijo que por los
juzgados pasan jerarcas y gente de clase alta, pero nunca van presos por
explotación. Además agregó que nunca vio un caso similar, con tanta
impunidad, como el que se dio en Paysandú.
Publicado el: 29 de julio de 2013 a las 09:59Por: Redacción 180
Con base en un informe de Nausícaa Palomeque (No toquen nada).
El caso de explotación sexual en Paysandú
terminó con el procesamiento del secretario general, Horacio de los
Santos, por abuso de funciones y de su amigo por explotación sexual.
La fiscal había pedido el procesamiento
del ex intendente interino de la Intendencia por ofrecer dinero a una
menor para tener relaciones sexuales pero la jueza no tomó la
declaración de las adolescentes como prueba. "Es complejo entender por
qué cuando la víctima -como pasó en este caso de Paysandú y en otros
también- se la llama a declarar y luego su declaración no es tenida en
cuenta, pero sí es tenida en cuenta la declaración de los delincuentes
que niegan que el hecho existió. Es una nueva forma de violencia, que la
palabra de las víctimas no tenga valor", sostuvo Purstcher en No toquen
nada.
Para el presidente del Conapees esto
tiene que ver con la concepción que existe desde el operador judicial o
el policial sobre la palabra del niño o adolescente.
Según datos oficiales del INAU, desde
2009 hasta 2012 hubo 132 denuncias del INAU a la justicia de crimen
organizado por presuntos casos de explotación sexual. Hubo 23
procesados. Todos eran de condición económica baja, jubilados o
desempleados. "En el perfil de los procesados es bastante notoria la
baja condición social, tienen un bajo nivel educativo, un bajo nivel de
ingreso y trabajo no calificado. Este perfil no incluye a muchos
clientes explotadores que pasan por el juzgado y luego terminan fuera
del proceso y de las penas. El cliente muchas veces ocupa lugares de
poder, de prestigio en distintas comunidades y sectores medios y altos.
Llama mucho la atención que sea más fácil constituir la prueba con los
más infelices y las dificultades que este trabajo conlleva cuando se
trata de hombres más vinculados al poder", afirmó.
En el caso de Paysandú, una de las
menores dijo que el jerarca de la intendencia le ofreció dinero para que
tuviera relaciones sexuales con otra mujer, mientras él observaba, y
luego con él. Así lo declaró la joven, pero de los Santos lo negó.
Para Purstcher se trata de un mensaje
negativo para la sociedad, que inhibe las denuncias. "El juez tiene
dentro de sus potestades realizar el fallo que considere de mayor
pertinencia. No soy juez ni abogado, pero como sociólogo y operador
social puedo decir que el mensaje que se da a la sociedad no es bueno,
no ayuda al tema si existen territorios de impunidad. Si existen actores
vinculados al delito que quedan fuera del accionar de la justicia. Esto
inhibe la posibilidad de denuncia", expresó.
El año pasado hubo seis denuncias por
casos de explotación sexual en Paysandú. En Uruguay hubo 51 denuncias.
La mayoría de las denuncias provinieron de Paysandú, Maldonado y Rocha.
Purstcher sostiene que los casos son
muchos más, que hay un subregistro, porque no se denuncian. Según su
visión, el caso de Paysandú requiere mayor investigación. "La existencia
de estos procesamientos es una parte del problema, en los relatos de
las víctimas se habla de que esta no era la primera fiesta que se
realizaba y que las gurisas eran explotadas en forma reiterada en
moteles y en hogares particulares de Paysandú ¿Cuáles son esos moteles y
casas particulares? Todas esas respuestas las tienen que dar. El caso
amerita una ampliación de la investigación y a mi entender en su momento
una declinación de competencia hacia los juzgados especializados del
Crimen Organizado", señaló.
Putscher dijo que el caso de Paysandú es
inédito y que nunca había visto un caso con tanta impunidad. "Este es el
primer caso donde se constata una situación de estas características en
un lugar público, pero generalmente no solo los lugares públicos son
usados para este tipo de actividades ilícitas. Eso tiene que ver también
con esa sensación de omnipotencia que tuvo alguno de los actores, ese
ejercicio de poder donde cree que ninguna ley le va a llegar o tocar",
señaló.
Línea de denuncias
El INAU tiene una línea para denunciar casos de explotación sexual. Se puede hacer llamando al 0800 5050
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