Unos 50 policías dan protección a jueces y fiscales Antimafia
Dan seguridad a seis magistrados y a exfuncionario de la Junta de Drogas por amenazas de narcos
El Observador
+ Natalia Roba @natiroba
Las amenazas que han sufrido jueces y fiscales antimafia llevó al Ministerio del Interior a reforzar la seguridad que se brinda desde 2009 a los operadores del sistema judicial.
Un cuerpo de élite de casi 50 policías especializados garantiza la seguridad a los jueces de Crimen Organizado, Néstor Valetti y Adriana de los Santos, a los exjueces Graciela Gatti –hoy ministra de un tribunal de apelaciones laboral– y Jorge Díaz –actual fiscal de Corte–, y a los fiscales de crimen organizado Juan Gómez y Mónica Ferrero. Además, se le brinda seguridad parcial al expresidente de la Junta Nacional de Drogas del gobierno de Jorge Batlle, Alberto Scavarelli, informaron fuentes del equipo de seguridad.
En el caso de los magistrados, la protección que se les brinda es total e implica que sean trasladados en autos blindados, que se vigilen sus viviendas y que se les de seguridad cuando viajan. Cada magistrado tiene asignados seis o siete policías, ya que trabajan en turnos.
Esos policías fueron seleccionados especilamente desde la Brigada Antinarcóticos, del cuerpo de seguridad del expresidente Tabaré Vázquez y entre los soldados del Ejército que pasaron a la Policía. Reciben un pago extra por su tarea que supera en unos $ 10.000 al salario básico de los restantes uniformados. También hacen cursos de capacitación en el exterior puesto que se los prepara en técnicas de vigilancia y en explosivos.
Tres niveles de amenaza
La fuente explicó que el gabinete del Ministerio del Interior evalúa a qué funcionarios se les asigna seguridad en base a las amenazas que han recibido.
En el caso de quienes ya no son jueces de crimen organizado como Gatti y Díaz, o el extitular de la JND, el gabinete decide hasta cuando se les prestará la seguridad.
El exjuez de crimen organizado, Díaz, declaró tiempo atrás que algunas organizaciones “han perdido mucho dinero y eventualmente han analizado la posibilidad de realizar algún tipo de actividad contra alguno de los operadores del sistema”, declaró a El País en abril de 2012. Agregó: “Hubo momentos donde las alertas subieron muchísimo. Todo esto se investigó pero no hubo procesados porque no se concretaron actos materiales concretos”.
La Brigada Antidrogas tiene identificados a unos 200 jefes narcos que operan en Uruguay, según informaron autoridades del Ministerio del Interior a un grupo de senadores del Partido Nacional en una reunión que se realizó en la Guardia de Coraceros el 23 de mayo pasado.
Ese mes el director nacional de Policía, Julio Guarteche, se reunió con tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Tribunal de Apelaciones y jueces, y les dijo que habían detectado que narcos encarcelados podrían atentar contra jueces. “En el penal de libertad hay extranjeros con códigos distintos a los uruguayos”, les explicó.
Las amenazas han sido clasificadas en tres categorías de acuerdo con su gravedad. La primera categoría es la más leve y corresponde a amenazas relativas. En el nivel dos el alerta se incrementa de acuerdo a las características del narco o grupo narco que efetúa la advertencia.
En tanto, en el nivel tercero la alerta es máxima y ocurre cuando reviste altas chances de concretarse. El informante explicó que hasta ahora en Uruguay se está en los niveles primero y segundo.
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