ENTREVISTA
EXCLUSIVA DE EL ESTE
FISCAL
ENRIQUE VIANA: PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS
“IMPONEN
ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES.”
Escribe
Juan José Pereyra
Lo
llaman “el Fiscal verde” por su continuo accionar en defensa de
los temas ambientales. Ha
presentado recursos relacionados con decisiones en torno a
prácticamente todas las megainversiones. Hace pocos días lo hizo en
relación al puerto de aguas profundas en El Palenque.
El
Este entrevistó al Fiscal Enrique Viana para conocer su posición en
relación a temas que, todos coinciden, son nuevos y complejos
¿Por
qué cree que tantos megaproyectos están destinados a Rocha?
Hace por
lo menos tres años que vengo diciendo que la última batalla de la
guerra perdida, de alguna manera, del Uruguay Natural, se iba a dar
en el departamento de Rocha.
Esto lo
digo por una serie de anuncios que se venían haciendo desde hace
unos cuántos años, por circunstancias naturales que adornan el
departamento de Rocha y también por algunas circunstancias
históricas.
En Rocha
siempre hubo una gran discusión por la propiedad de los inmuebles
que comenzó ya en la época de la colonia.
A eso se
suma la salida oceánica, la forestación muy cercana, la cuestión
de Aratirí y el famoso mineroducto. Todo eso lleva a esta realidad.
También
hay presiones de intereses para promover distintos emprendimientos
turísticos y Rocha está ofreciéndose hoy como una especie de gran
joya que se disputan parcialmente o fragmentariamente distintos
intereses económicos.
En esa
realidad los intereses generales, como la protección al medio
ambiente entre otros, pasan a un segundo plano cuando justamente la
Constitución lo que establece es que deben ser prioritarios y estar
por encima de los intereses lucrativos.
¿Por
qué denunció “actos administrativos ilegales” en relación al
puerto?
El puerto
de aguas profundas es el puerto de Aratirí. Si uno lee la escasa
documentación que ha salido a la luz, hay un resumen muy fragmentado
de un informe que se hizo para Presidencia de la República.
Allí
se menciona la minería no menos de tres o cuatro veces y a Aratirí
un par de veces, concretamente indicando que es el llamador más
importante para la construcción de ese puerto de aguas profundas.
Es sabido
que Aratirí venía negociando con el Poder Ejecutivo distintos
lugares donde instalar su puerto. Lo curioso que se da es que ya se
han dispuesto algunas decisiones administrativas, como expropiación
de los inmuebles respectivos donde se instalaría el puerto, siendo
que todavía el puerto no ha sido autorizado.
La
Constitución exige que los puertos sean autorizados por ley con una
especificación clara de dónde se van a instalar.
Eso
todavía no está, porque el Poder Ejecutivo después que dispuso las
expropiaciones, recién mandó un proyecto de ley que estará a
consideración del Parlamento en los próximos meses.
Pero
todavía el puerto no ha sido habilitado y ya se están disponiendo
expropiaciones.
Al mismo
tiempo, si esa circunstancia que referíamos es clara y notoria, que
el puerto es para Aratirí, tampoco Aratirí ha sido autorizada.
Esto
significa que, con la autorización del puerto antes que la
autorización de la industria, se nos está queriendo decir, política
de hechos consumados mediante, que tenemos autorizados de hecho tanto
el puerto como Aratirí.
Y
esto estando en trámite los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental.
Qué
valor le podemos asignar a esas evaluaciones que en teoría tiene que
hacer el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, si ya hay
decisiones superiores del propio Poder Ejecutivo que indican que va a
haber puerto y que va a haber Aratirí.
La
Fiscalía tiene un proceso iniciado hace dos años respecto a Aratirí
y entre otras consideraciones que ya en aquel momento se hacían, se
advertía respecto de los impactos que iba a generar un puerto en la
costa oceánica, más la llegada del mineroducto, las fuentes de
energía y otros elementos propios del impacto de la megaminería a
cielo abierto que se propone.
¿Se
está frente a gigantes?
Sí,
así es, no hay que ocultar esa realidad. Eso pone en cuestionamiento
algo mucho más grave todavía que la protección ambiental o que el
ordenamiento territorial.
Está en
cuestionamiento la supervivencia de Uruguay como una república y
como un Estado soberano.
Nuestra
Constitución dice que somos un Estado soberano independiente de todo
poder extranjero.
Esos
primeros artículos de la Constitución obviamente hacían referencia
a la existencia de otros Estados, otros imperios que en aquel
momento, 1830, pretendían adueñarse de nuestro territorio nacional.
Hoy
nos enfrentamos a un fenómeno nuevo, en parte parecido a aquel. Lo
nuevo es que quienes pretenden llevarse todo por delante, entre ello
la autoridad estatal y la voluntad soberana, son empresas privadas.
Son
grandes corporaciones que para conseguir ese propósito se asocian
con el Estado mediante los famosos contratos de inversión.
Esos
contratos suponen que la autoridad del Estado queda condicionada a
los intereses lucrativos de estas grandes empresas.
Tenemos
ejemplos muy conocidos como Montes del Plata y también el que
involucra al departamento de Rocha con la Laguna Garzón.
El Estado
está interesado sí en hacer el puente sobre la Laguna Garzón, pero
porque detrás de ese interés, existe el interés de un privado de
que ese puente facilite la llegada a una suerte de ciudad que se va a
construir a continuación y eso favorece su negocio inmobiliario.
Esa
realidad de la existencia de funcionarios públicos que están
representando intereses privados, a la que lamentablemente nos
estamos acostumbrando, deja al ciudadano común en una situación de
indefensión frente a intereses sumamente poderosos que tienen a su
disposición, a su gestión, al propio Estado.
¿Por
qué afirma que estas empresas son casi un Estado Nación?
Estas
empresas tienen una aspiración, la intención de convertirse en una
suerte de cuasi Estados. Pretenden que estos contratos que firman con
los Estados Nación se conviertan en Tratados. Negocian con los
Estados de igual a igual y muchas veces de superior a inferior.
Yo he
dicho un poco en broma y un poco en serio que en cualquier momento
van a ser incorporados a Naciones Unidas.
Para
decirlo en términos jurídicos, pretenden convertirse en nuevos
sujetos de derecho internacional, público, inclusive: tener la
condición de cuasi Estados.
Respecto a
estas corporaciones intento evitar la denominación multinacional o
trasnacional porque eso da la sensación de que tienen más de una
nacionalidad.
Tienen sí
sus domicilios y estos pueden ser múltiples y pueden servir como
punto de conexión con los Tratados de inversión que los protegen.
Pero
en realidad estas corporaciones se mueven a lo largo del globo
terráqueo con absoluta independencia y soberanía respecto de los
Estados donde tienen sus domicilios.
Yo las
llamo corporaciones a-nacionales porque no tienen nacionalidad, no
tienen patria, su patria es el lucro.
También
en La Paloma hay un conflicto con la salida de madera
La
situación en La Paloma tiene la misma gravedad que estas otras
realidades que analizamos. Se trata no sólo de toda la actividad
portuaria sino además todo lo previo: el trasiego de la madera a
través de la ciudad de La Paloma con las características especiales
que tiene La Paloma.
Es
un nuevo fenómeno de ese condicionamiento: el Estado acondiciona un
puerto, hace una explanada para el acopio de la madera en este caso,
ahora aparentemente está haciendo una suerte de ruta o de camino
cuasi clandestino. Todo eso sin haberse seguido siquiera las
formalidades de un proceso de evaluación de impactos ambientales.
Toda esa actividad va a ser realizada sin haber cumplido con la ley.
Más allá
de que uno pueda desconfiar de la forma en que cumple con la ley el
Ministerio de Medio Ambiente, acá se hizo todo lo posible para
evitar que el ministerio tuviera intervención.
Incluso se
llegó a firmar un convenio donde aparece el Ministerio de Turismo y
la propia Intendencia. Pero ese convenio se hizo así para que no
figurara el Ministerio de Medio Ambiente, porque si hubiera asomado
su nariz al tema, inevitablemente tenía que hacer un estudio de
evaluación de impacto ambiental.
La
Fiscalía tiene un proceso iniciado respecto de eso y ya intimó a
las autoridades a que se realice ese estudio. Se ha contestado que no
es el caso de hacerlo y la Fiscalía está preparando medidas para
intentar detener esta actividad que se convierte en clandestina.
Cuando una
actividad no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental es una actividad clandestina.
Se
está realizando al margen de lo que establece la ley de impacto
ambiental.
¿Nadie
más se interesa de estos temas a nivel de la Justicia?
He
sostenido muchas veces que en Uruguay existe una jurisprudencia anti
ambiental refiriéndome al Poder Judicial. Si se revisan las
sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no hay una sola que
ampare la protección del medio ambiente.
En
Argentina o Brasil los órganos superiores de Justicia dictan, no
digo que todos los días, pero en forma habitual y periódica,
sentencias en protección del medio ambiente.
Eso acá
en el Uruguay no lo tenemos y hasta que no lo modifiquemos, hasta que
esa jurisprudencia no cambie, tanto el Estado como esos intereses
lucrativos poderosos que se asocian al Estado, van a tener una
sensación de impunidad.
La
sensación de que acá en el Uruguay se puede hacer cualquier cosa.
Si la
justicia no condena, no ampara la protección del medio ambiente,
todo vale.
Y cuando
se da la sensación del todo vale, la realidad supera cualquier
previsión jurídica.
Ese es el
gran desafío de los próximos años.
Quizás
las primeras decisiones judiciales se tomen cuando el agua ya esté
al cuello o cuando los daños ambientales estén en el zaguán de las
casas de los propios ministros de la Corte.
TÍTULO INTERIOR
FISCAL
ENRIQUE VIANA
“Rocha
es una gran joya que se disputan poderosos intereses económicos”.
Que no haya justicia ambiental es un pecado capital.Nuestra justicia no es sólo ciega, también es sorda. No ve lo que nos amenaza y tampoco escucha el reclamo de quienes nos defienden. Lo que esa justicia no defiende, lo ha hecho la naturaleza, el 1º de marzo entró un barco al puerto de La Paloma y allí quedó, enterrado en la arena con la que el mar lo rodeó. Los camiones entraron por esa ruta ilegal descargaron en la ilegal plataforma y allí están, no salió ni uno y no saldrán porque no hay barco que los saque. Mientras tanto se gastaron más de 40 millones de dólares (según cifras oficiales)que pagó el pueblo oriental para abaratar los costos de una "a-nacional": UPM-Botnia.
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