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martes, 18 de marzo de 2014

Con los votos del FA, el Senado aprobó la ley penal empresarial


TUVO 16 VOTOS A FAVOR Y 13 EN CONTRA

La discusión duró más de nueve horas en la Cámara de Senadores. Hubo legisladores del FA que votaron por disciplina partidaria, pero marcaron sus diferencias con el polémico proyecto. La ley tuvo 16 votos a favor y 13 en contra.

El resultado del debate fue celebrado por el sindicato de la construcción. Foto: Ariel Colmegna
mar mar 18 2014 20:20
Durante más de nueve horas se debatió en la Cámara de Senadores la polémica ley de responsabilidad penal empresarial, la que finalmente fue aprobada, como estaba previsto, con 16 votos del Frente Amplio y 13 votos en contra por parte de la oposición.

Pese a votarla, varios senadores del oficialismo manifestaron sus diferencias con el polémico proyecto.

El senador oficialista Carlos Baráibar dijo que la posición del Frente Líber Seregni (FLS) es de votar la polémica ley para respetar la mayoría partidaria, aunque advirtió que desde este sector político se observan "altos riesgos de inconstitucionalidad", pero aclaró que votarán porque "somos hombres de partido y creemos en la disciplina política". Su posición fue también compartida por el senador Rodolfo Nin Novoa.

Por su parte, el senador Rafael Michelini dijo que la ley "sale con fragilidad y no con el espíritu frenteamplista" y que se debió poner "más energía" en la misma.

Pero aclaró que el sector que integra no quebrará "la mayoría parlamentaria" y explicó que cree "en lo colectivo, de manera contraria no hay leyes".

Comienzo del debate

Con representantes sindicales en las barras silbando las intervenciones de la oposición y aplaudiendo las del oficialismo, el Senado tuvo el primer debate por la ley de responsabilidad penal empresarial con el inicio de la discusión entre el senador del Partido Comunista Eduardo Lorier, el colorado Ope Pasquet y el nacionalista Pablo Abdala.

En las afueras del Parlamento el clima se dividió entre los que siguieron atentos el debate en la pantalla gigante instalada en la explanada del Parlamento y los otros miles que estaban dispersos, animados por una batucada entre tortafriteros, garrapiñeros y pancheros que se vieron desbordados por los más de 130 ómnibus que llegaron de todo el país con trabajadores de la construcción.

Lorier abrió la sesión y defendió el proyecto diciendo que el objetivo es “proteger la vida” ante aquél empresario que “se timbea la salud y la seguridad de los trabajadores” y de las empresas incumplidoras que son una “lacra social” y recalcó que “de ninguna manera” se busca ir contra el “empresario cumplido que ve al otro como ser humano y lo cuida”.

El senador comunista, que rápidamente arrancó los aplausos de los trabajadores en la explanada criticó el “terrorismo” que se pretende generar a nivel empresarial y dijo que el proyecto busca crear una “cultura de prevención” porque “sabemos de nuestro ganado, pero de nuestros obreros no sabemos nada”.

En las barras dentro del Parlamento, las exposiciones contaban con la atenta mirada de Oscar Andrade, presidente del Sunca que la semana pasada anunció que informará a todos los trabajadores del país quién votó a favor y quién en contra y cuáles fueron los argumentos esgrimidos en la sesión de hoy.

En este sentido, Lorier se valió de varias cifras en su argumentación: dijo que hay un trabajador muerto por semana en promedio en Uruguay, más de 50.000 accidentes de trabajo a lo largo del año y 47 muertos por año. Además dijo que por cada 100.000 trabajadores fallecieron 4 personas en el período de Tabaré Vázquez mientras que el número llegó a 10 en la presidencia de Luis Alberto Lacalle y a 9 en la de Julio María Sanguinetti. También dijo que hoy hay 21.900 trabajadores que cobran rentas del Estado por accidentes de trabajo y que hay 21.000 personas con incapacidad permanente a partir de accidentes con lo que remató: “A la sociedad le cueta $ 1.500 por día un trabajador accidentado”.

En su exposición Lorier concluyó que el proyecto saca a la luz una problemática de los trabajadores aunque “nos queda un largo trecho por avanzar”.

Oposición

El senador colorado Ope Pasquet fue el primero en enfrentar la postura oficial y el primero en recibir las críticas de los trabajadores más allá de estar de acuerdo con la necesidad de mejorar la seguridad laboral. “Estamos muy lejos de la opinión positiva de Lorier”, dejó en claro al iniciar su argumentación.

Para Pasquet el proyecto representa “una norma en blanco” que “crea un delito de peligro concreto”, esto es, “se incurre en un delito por no hacer nada”.

“Las grandes empresas tienen sus técnicos y tienen un responsable designado para ser procesado”, pero “me preocupan las empresas que tienen cinco empleados y no se levantan a ver si cambió la reglamentación”, dijo Pasquet. En este sentido afirmó que el proyecto de ley “genera situación de alarma y preocupación que no es bueno que exista” y que en el corto plazo podrán presentarse los recursos de inconstitucionalidad. Por esto insistió en que la clave es el correcto accionar de la Inspección General de Trabajo para “proteger a unos y dar garantías a otros”.

El senador colorado también dijo que no hay que olvidar que “en los accidentes de tránsito tenemos 10 veces más muertos que en los accidentes laborales” y dijo que estadísticas sobre las causas de los accidentes de trabajo no existen.
Pablo Abdala, que recibió fuertes silbidos de los trabajadores desde el exterior del Parlamento, fue el tercero en hablar para cerrar una primera rueda de posiciones políticas.
El senador blanco dijo que es "peligroso establecer un delito del peligro" y que "lo peor que le podría pasar al sistema político es pensar que así se soluciona el tema". "Enjuagamos nuestras conciencias y creemos que con esta fórmula mágica vamos a solucionar situaciones complejas", dijo Abdala.

Abdala, contrario a la ley que, opinó, "hace tabla rasa" entre los empresarios. El senador blanco planteó que en Uruguay "hay 200.000 empresas que se encuentran en una situación equivalente a la de su trabajador" y que "hay que tener cuidado de no estar castigando a los buenos". "Es el mismo Estado el que hace tabla rasa" y "no lleva estadísticas", apuntó.

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