La oposición en general, y el Partido Independiente, en especial, vienen argumentando que es necesario evitar que el FA tenga mayoría parlamentaria. El asunto puede ser discutido desde distintos puntos
+ Adolfo Garcé -
El Observador
Es evidente que será uno de los temas más polémicos e interesantes de la campaña electoral. Los partidos de oposición, en general, y el Partido Independiente, en especial, vienen argumentando con creciente insistencia en que es necesario evitar que el FA tenga nuevamente mayoría parlamentaria. El asunto puede ser discutido desde distintos puntos de vista. Veamos.
El argumento a favor del gobierno dividido (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo controlados por partidos diferentes) tiene un fuerte respaldo entre los partidarios del presidencialismo tal como fue concebido por los “padres fundadores” de la democracia norteamericana. Una de las convicciones más intensas sobre las que se estructuró inicialmente esta forma de gobierno es que, para evitar la tiranía, es imprescindible dividir el poder.
Pero la división del poder, según puede leerse en los The Federalist Papers, es condición necesaria pero no suficiente. Madison, Hamilton y Jay consideraban que el diseño de las instituciones debía, además, favorecer el control mutuo entre los distintos poderes (checks and balances). El gobierno dividido, tan frecuente en la historia del presidencialismo norteamericano, lleva esta lógica hasta sus últimas consecuencias.
La principal fortaleza del presidencialismo, así concebido, es que evita el ejercicio discrecional del poder por parte del ejecutivo. Su principal debilidad, muy obvia para cualquiera que siga las desventuras del presidente Barack Obama es que, por definición, en la medida en que obliga al presidente a negociar con los legisladores, vuelve sensiblemente más lento el funcionamiento del gobierno y el proceso legislativo. La lentitud, en el extremo, puede derivar en ingobernabilidad. Cuando legislativo y ejecutivo están controlados por partidos distintos, el proceso decisorio se vuelve especialmente complicado y el riesgo de ingobernabilidad crece.
El gobierno dividido, además, conspira contra una de las principales fortalezas del presidencialismo. Si el presidente gobierna con mayoría parlamentaria, al final del mandato, la ciudadanía podrá fácilmente atribuir responsabilidades. Podrá, como reza el manual de la democracia representativa, premiar al gobierno o castigarlo votando a la oposición. En escenarios de gobierno dividido este ejercicio de control democrático se vuelve sensiblemente más confuso y complejo. ¿Tiene sentido castigar al partido del presidente cuando no tuvo la oportunidad de llevar adelante las decisiones y políticas en las que creía por no tener mayoría parlamentaria?
Formulado en estos términos, el debate sobre cuál es el mejor escenario para controlar al FA entre 2015 y 2019 empieza a cambiar de aspecto. Por un lado, no darle mayoría impedirá que pueda legislar en asuntos muy sensibles para la opinión pública sin pactar con otros partidos. Por el otro, hará menos visibles errores y aciertos. No darle mayoría al FA genera, por tanto, un efecto contradictorio. En el corto plazo, en el día a día del funcionamiento del gobierno, facilita el control. En el mediano plazo, a la hora de hacer el balance, vuelve más opaco el proceso de rendición de cuentas. La primera consecuencia ya forma parte del debate público en esta campaña. La segunda todavía no. Sin embargo, la encuentro igualmente importante.
Si fuera electo presidente, Vázquez no tendría más remedio que salir de la ciudadela frenteamplista para pactar con legisladores de la oposición. Cualquiera que haya seguido su trayectoria sabe bien que esto ni le gusta ni le resulta sencillo. Pertenece a la tradición de quienes, en nuestra historia política, han preferido el gobierno de partido. Mujica, en cambio, representa muy bien la tradición opuesta, es decir, la de quienes sienten vocación por los acuerdos interpartidarios y la coparticipación. En un escenario de gobierno dividido, la construcción de acuerdos con la oposición depende en gran medida de la capacidad de negociación del presidente. Vázquez ha demostrado que puede controlar mejor la interna del FA que Mujica. Pero ya tuvo, durante su primer gobierno, problemas serios para entenderse con la oposición. Parece sensato esperar que, llegado el caso, volviera a tenerlos.
La construcción de acuerdos políticos, de todos modos, no depende únicamente de la capacidad de negociación del presidente y su bancada parlamentaria. También depende de la predisposicón de los líderes de los partidos de oposición. Los electores que estén pensando en evitar que el FA vuelva a gobernar con mayoría deberán prestar mucha atención a este otro aspecto. ¿Es razonable esperar que los legisladores de los partidos de oposición negocien con el FA?
Finalmente, la propensión a cooperar y a facilitar la gobernabilidad, como han demostrado mis colegas Daniel Buquet, Daniel Chasquetti y Juan Andrés Moraes, es función del tiempo. A medida que se acerca el ciclo electoral, la cooperación de los partidos de oposición con el presidente se vuelve menos probable (los distintos actores empiezan a priorizar la competencia). Dicho de otra forma: los mandatos fijos agregan una restricción adicional a la construcción de acuerdos interpartidarios. Por tanto, el gobierno dividido también significa menos tiempo efectivo disponible para innovar en las políticas.
Hay excelentes razones para no querer darle mayoría al FA, que ha demostrado, a lo largo de una década, extraordinaria facilidad para deslizarse hacia el jacobinismo. Pero, a la hora de tomar esta decisión, el elector sofisticado debería tener en cuenta otros factores como los que se acaban de mencionar.
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