Este 10 de febrero se cumplirán cuatro
años de la promulgación de la nueva ley de discapacidad en Uruguay. A
pesar de que contó con el apoyo de todos los partidos, la norma sigue
sin reglamentarse. La oposición denunciará esto ante el Instituto de
Derechos de Humanos.
Publicado el: 8 de febrero de 2014 a las 16:36Por: Redacción 180
La ley de “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” fue producto de la modificación de la antigua
Ley Nº 16.095 de 1989. Se aprobó el 10 de febrero de 2010 con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de las más de 800.000 personas
afectadas en forma directa o indirecta por alguna discapacidad.
La diputada nacionalista Verónica Alonso
será recibida este martes por la Institución de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo para reclamar por los derechos de las personas con
Discapacidad ya que “no parece razonable que siga sin ser tangible una
ley de la cual dependen muchos hombres, mujeres y niños”.
Según María José Bagnato, directora del
Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), la reglamentación de la
ley “se efectúa a medida que se hace aplicable la norma”.
Alonso solicitó al Poder Ejecutivo que se
“intetara al menos la reglamentación parcial de los artículos 25 y 26
en cuanto a la implementación de la figura de los asistentes personales
para personas con discapacidad y dependencia severa, que es una demanda
de muchas familias en nuestro país”, señaló la diputada.
El Mides y el BPS “le sacan el cuerpo” al
tema, agregó. “Hace cuatro años que las madres esperan para tener una
persona que las ayude frente a este problema”, señaló.
"La Institución de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo fue creada para otorgar mayores garantías a las
personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las
prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en
consonancia con los mismos, por lo tanto entendemos que también este es
el ámbito para reclamar el cumplimiento de una ley que aun sigue sin
reglamentarse. Vamos a usar todos los caminos para que de una vez por
todas se cumplan”, añadió.
Avances
Desde el Mides se destaca que a partir de
2012 comenzaron los avances relativos a la ley. En ese año aquellos con
discapacidad motriz, ceguera e incapacidad intelectual comenzaron a
tener exoneraciones tributarias para importar automóviles; además, el
Banco Central garantizó accesibilidad a servicios financieros a las
personas ciegas o con baja visión.
En 2013 comenzó a tratarse el tema
accesibilidad. Se reglamentó el uso de bastón blanco y verde y se
garantiza la compañía de perro de asistencia o perro guía, los cuales
pueden acceder a cualquier lugar y transporte de uso público.
Actualmente el Poder Ejecutivo está
“definiendo la reglamentación del artículo 49 y 50 de la Ley Nº 18651
respecto al ingreso a la función pública para personas con discapacidad
en cumplimiento del 4% de las vacantes”. Según Bagnato esto no demorará
más de 30 días.
En el primer semestre de este año se
ejecutará la “asistencia personal para personas con discapacidades
severas”, según el Mides.
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