ladiaria
Y van...
“Me
chupa un huevo tu sindicato, hijo de puta”, lanzó uno de los
funcionarios policiales. Después lo agarró del pelo y lo metió en uno de
los tres patrulleros que habían llegado hasta el lugar. A esta
situación hay que darle contexto: el domingo de noche unos diez
militantes de la Asociación de Funcionarios del CASMU (AFCASMU) pegaban
afiches
por la avenida 18 de Julio para difundir una correcaminata que
organiza el sindicato dentro de unos días.
Cuando llegaron a la altura de Eduardo Acevedo, una policía del servicio 222 les dijo que no podían pegatinear ni en la Universidad de la República ni en la Biblioteca Nacional, porque ya había demasiados carteles. Tuvieron un cruce de palabras y después ella les comentó que los pegaran después de las 6.00, pero no a esa hora.
Se fueron del lugar y un poco más adelante tres patrulleros salieron al cruce del camión que los llevaba. Un policía les pidió los documentos y uno de los pegatineros le explicó que los habían dejado en la sede del sindicato. La respuesta que obtuvo es la frase que aparece al principio de la nota.
Finalmente, se llevaron esposados a tres de ellos, que pasaron la noche en la Seccional 5a, en el Parque Rodó. Estuvieron retenidos en un calabozo, hasta que una jueza de Faltas decidió liberarlos, ya en la mañana del lunes. Cuando los llevaron al Hospital Maciel, uno de los policías dijo que había que “tratarlos con cuidado” porque eran de la “banda de Castillo”, en referencia, presuntamente, a que pertenecían a un sindicato afiliado al PIT-CNT y no a otra organización.
El relato lo hicieron ayer dirigentes de AFCASMU antes de emitir un comunicado público. Uno de ellos, el directivo Carlos Moreira, dijo a la diaria que este tipo de situaciones “parecen de la década del 70”. El sindicalista remarcó que la correcaminata es en realidad un beneficio para el hijo de una funcionaria de la mutualista.
El sindicalista comentó que la conducción del sindicato resolvió por unanimidad denunciar estas “arbitrariedades” ante el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El comunicado de AFCASMU señala además: “La represión, la judicialización de la protesta, la estigmatización de organizaciones sociales, infiltración de marchas, amenazas de violaciones y torturas de militantes sociales ha alcanzado extremos preocupantes”.
Cuando llegaron a la altura de Eduardo Acevedo, una policía del servicio 222 les dijo que no podían pegatinear ni en la Universidad de la República ni en la Biblioteca Nacional, porque ya había demasiados carteles. Tuvieron un cruce de palabras y después ella les comentó que los pegaran después de las 6.00, pero no a esa hora.
Se fueron del lugar y un poco más adelante tres patrulleros salieron al cruce del camión que los llevaba. Un policía les pidió los documentos y uno de los pegatineros le explicó que los habían dejado en la sede del sindicato. La respuesta que obtuvo es la frase que aparece al principio de la nota.
Finalmente, se llevaron esposados a tres de ellos, que pasaron la noche en la Seccional 5a, en el Parque Rodó. Estuvieron retenidos en un calabozo, hasta que una jueza de Faltas decidió liberarlos, ya en la mañana del lunes. Cuando los llevaron al Hospital Maciel, uno de los policías dijo que había que “tratarlos con cuidado” porque eran de la “banda de Castillo”, en referencia, presuntamente, a que pertenecían a un sindicato afiliado al PIT-CNT y no a otra organización.
El relato lo hicieron ayer dirigentes de AFCASMU antes de emitir un comunicado público. Uno de ellos, el directivo Carlos Moreira, dijo a la diaria que este tipo de situaciones “parecen de la década del 70”. El sindicalista remarcó que la correcaminata es en realidad un beneficio para el hijo de una funcionaria de la mutualista.
El sindicalista comentó que la conducción del sindicato resolvió por unanimidad denunciar estas “arbitrariedades” ante el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El comunicado de AFCASMU señala además: “La represión, la judicialización de la protesta, la estigmatización de organizaciones sociales, infiltración de marchas, amenazas de violaciones y torturas de militantes sociales ha alcanzado extremos preocupantes”.
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