Firmas contra ley de megaminería
Montevideo Portal
Las organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto
anunciaron que iniciaran la recolección de firmas para someter a
referéndum la ley de Minería de Gran Porte aprobada este martes en el
Parlamento. Los activistas criticaron los “insultos” del presidente José
Mujica y denunciaron la inconstitucionalidad de la ley.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que nuclea a
varias organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto, anunció
este martes el inicio de una campaña de recolección de firmas para
someter a referéndum la ley que regula la Minería de Gran Porte,
aprobada este mismo martes por el Parlamento.
El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones
hechas por el Senado al proyecto de ley, MOVUS comunicó en conferencia
de prensa su intención de recoger adhesiones para, aprobada la ley,
convocar a un referéndum para derogarla.
Víctor Baccheta, vocero de la organización, indicó que buscarán
lanzar la campaña en poco tiempo para aprovechar "que el tema está en el
tapete" y se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de que un
porcentaje importante de la población apoye el recurso contra la ley. En
ese sentido, señaló que las experiencias de los departamentos de
Tacuarembó, Lavalleja, Treinta y Tres y Rivera - que iniciaron campañas
en busca de referéndums departamentales - acerca la posibilidad de
alcanzar las firmas necesarias.
"Si apelamos al recurso de la vía rápida, como se hizo con otras
campañas recientes, necesitaríamos unas 60 mil firmas", recordó
Baccheta, indicando que la cantidad de personas que firmaron en esos
departamentos alcanzaría una cifra cercana. Además, mencionó que
"encuestas divulgadas en los últimos tiempos indican que un 46% de la
población está en contra de este tipo de emprendimientos".
La posibilidad de que la instalación en el país de emprendimientos
mineros a cielo abierto se sometiera a una consulta popular había sido
considerada públicamente por el propio presidente José Mujica, cuando la
llegada de Aratirí comenzó a generar polémica. Los representantes de
MOVUS consideraron que aquellas expresiones del mandatario no indican un
posible apoyo a esta iniciativa y denunciaron la falta de respuesta que
el movimiento obtuvo del presidente.
En ese sentido, el también vocero del grupo Martín Echeverría
consignó que los manifestantes pidieron "una docena de entrevistas" con
el presidente, sin obtener una respuesta concreta. En contrapartida,
señalaron que "cada vez que viene al país el presidente de Zamin Ferrous
- empresa detrás del proyecto Aratirí - consigue una entrevista con el
presidente en menos de 24 horas". "El presidente no nos recibe",
concluyó el activista.
Baccheta, en tanto, rechazó las "calificaciones insultantes" de
Mujica hacia los productores rurales que se oponen a Aratirí, al afirmar
que su rechazo obedece a que el emprendimiento eleva el costo de la
mano de obra en la zona.
También denunciarán inconstitucionalidad
En forma paralela a la recolección de firmas, MOVUS recurrirá a la
Suprema Corte de Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de
algunos de los artículos incluidos en la ley aprobada este martes en el
Parlamento.
Si bien el movimiento realizará un análisis pormenorizado del
proyecto con sus asesores jurídicos antes de presentar el recurso,
Baccheta adelantó que "hay una inconstitucionalidad principal que es la
violación al artículo 47 de la Constitución", que establece que "la
protección del medio ambiente es de interés general" y que "las personas
deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción
o contaminación graves al medio ambiente".
Echeverría, en tanto, señaló que también es dudosa la
constitucionalidad del mecanismo para la resolución de conflictos entre
las empresas explotadoras y el Estado. Además, el activista subrayó que
la ley "está hecha a medida de Aratirí" porque contiene un artículo que
"le permite vender el proyecto, en caso de que decida no realizar la
explotación".
MOVIUS también tiene dudas sobre el ajuste a Derecho de la
posibilidad de que "el Estado negocie directamente con la empresa el
contrato de la explotación, permitiendo beneficios fiscales a cambio de
quién sabe qué".
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Acompaño siempre he dicho que esta es la unica forma de parar esta barberie de corrupción y destrucción.
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