Fabián Kovacic (BRECHA)
El gobierno argentino intenta por todos los medios recuperar la mística para enfrentar el año que falta para las elecciones presidenciales de 2015. Y para eso recurre a gestos insólitos. Uno de ellos es la iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, y de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, de llevar a cabo acciones conjuntas con el Ejército, en un remedo extemporáneo de una acción similar realizada por los Montoneros en los años setenta. En el medio se cuelan groseras faltas a la memoria y a la historia de los desaparecidos.
El gobierno argentino intenta por todos los medios recuperar la mística para enfrentar el año que falta para las elecciones presidenciales de 2015. Y para eso recurre a gestos insólitos. Uno de ellos es la iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, y de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, de llevar a cabo acciones conjuntas con el Ejército, en un remedo extemporáneo de una acción similar realizada por los Montoneros en los años setenta. En el medio se cuelan groseras faltas a la memoria y a la historia de los desaparecidos.
El 24 de marzo pasado la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el diputado nacional Andrés Larroque, referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora, recordaron los 38 años del golpe militar en un asentamiento precario llamado La Carbonilla, levantado en plena hecatombe social menemista por un grupo de cartoneros y recicladores. Ubicado en el barrio porteño La Paternal, el asentamiento reúne a unas cuatrocientas familias que desde 2007 reciben ayuda social de los militantes de La Cámpora, a raíz de los problemas de vivienda, contaminación y falta de agua que el barrio padece.
Ahora fue el lugar elegido por los militantes K y Hebe de Bonafini para incorporar al Ejército en tareas sociales. A comienzos de abril se hicieron presentes en el lugar los militantes al mando de Larroque junto a una veintena de soldados para trabajar en el zanjeo del barrio, pintada de fachadas y trabajos comunitarios en general.
El proyecto cuenta con el aval del jefe del Ejército, César Milani, quien desde el momento en que se convirtió en el elegido de la presidenta Cristina Fernández para asumir la conducción del arma anunció su adhesión “al proyecto nacional y popular”. Los primeros discursos de Milani fueron en el sentido de una vieja prédica del general Juan Domingo Perón: “la unidad pueblo-fuerzas armadas”.
Unos meses antes, en julio de 2013, la presidenta Cristina Fernández había insinuado su intención de retomar esa vieja aspiración peronista. “Me siento responsable, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, de incorporarlas a este proyecto de integración latinoamericano y de desarrollo económico, porque somos todos argentinos”, dijo en un discurso, dirigiéndose a los militares.
La cosa venía de lejos.
Operativo Dorrego
En 1973, apenas el peronista Héctor Cámpora asumía la presidencia, y con él llegaban al gobierno representantes más o menos orgánicos de la guerrilla montonera, el general Raúl Carcagno, por entonces comandante en jefe del Ejército, se definía como “un militar nacional y popular”. Terminada la primavera camporista –de apenas 49 días–, y con la vuelta al gobierno del propio Perón, Carcagno avanzó con sus planes. Sectores del Ejército vinculados al área de ingeniería e infraestructura organizaron junto a militantes de la Juventud Peronista, vinculada a los Montoneros, una suerte de comandos para tareas sociales en pueblos y asentamientos carenciados de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias de junio habían destrozado buena parte del oeste de la provincia y fue el escenario ideal para iniciar el trabajo de reconstrucción. Participaron en el operativo parte del Primer Cuerpo de Ejército, que años más tarde estaría entre los más feroces a la hora de la represión ilegal, con su jefe, el temible general Albano Harguindeguy, futuro ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, y la Juventud Peronista bonaerense.
El Operativo Dorrego empezó el 4 de octubre e involucró a casi 4 mil efectivos del Ejército y 800 civiles, distribuidos entre los partidos provinciales de Bragado, 9 de Julio, 25 de Mayo, Saladillo, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, General Alvear, Junín, Lincoln, General Viamonte, General Pinto, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor. Las tareas consistieron en la reparación de caminos, escurrimiento del agua acumulada, limpieza de puentes y alcantarillas, reconstrucción de los caños provenientes de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, demolición de muros inestables, reparación de revoques, cambios de pisos en algunos inmuebles, reparaciones eléctricas, y reacondicionamiento de distintos edificios, especialmente hospitales y escuelas, según recuerda en estos días una nota aparecida en el portal de la agencia Paco Urondo a propósito de la remake del Dorrego. El operativo finalizó el 23 de octubre de 1973.
Cuarenta años después…
En el primer día de ejecución de este nuevo plan, el kirchnerista Andrés Larroque se mostró muy agradecido con el personal del Ejército “por la voluntad y el compromiso” de ponerse al servicio de la gente. “Es la puesta en marcha de un trabajo mancomunado entre las Madres, la militancia, el Ejército y otros organismos del Estado”, aseguró el secretario general de La Cámpora al diario La Nación.
Los soldados que llevarán adelante los trabajos sociales pertenecen al Batallón 601 de Ingenieros, con base en Campo de Mayo. Está previsto que trabajen en La Carbonilla durante tres meses. Con picos, palas y una máquina retroexcavadora, van a abrir calles, instalar cloacas y construir espacios comunitarios: una plaza y un playón para hacer deportes.
La alianza entre Madres, La Cámpora y el Ejército viene también generando cuestionamientos desde diversos frentes. En la oposición política, el legislador porteño Maximiliano Ferraro cuestionó con dureza el despliegue de soldados en asentamientos y anticipó que le pedirá al gobierno de la ciudad, a cargo del derechista Mauricio Macri, que informe si autorizó o no las tareas sociales de la fuerza que encabeza César Milani. “Es preocupante y triste ver cómo un organismo de derechos humanos y una agrupación política se relacionan con un represor e imputado por delitos de lesa humanidad como Milani. El Ejército no debería actuar, salvo alguna situación de emergencia o catástrofe”, apuntó. El legislador porteño deslizó que el jefe del Ejército podría aprovechar la ocasión para realizar “tareas de inteligencia” en las villas de la capital. “Los argentinos ya sabemos qué es lo que ocurrió en el país cuando se le dio al Ejército un rol político y despliegue territorial”, remarcó.
Currículos manchados
El abrazo entre la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y el general César Milani, ascendido en julio pasado a jefe del Ejército, marca un hito en el discurso oficial difícil de digerir para buena parte de la sociedad, fundamentalmente gente vinculada a otras organizaciones humanitarias. Milani es un oficial del área de inteligencia acusado por sobrevivientes de la dictadura de haber participado en la represión ilegal entre 1976 y 1983. En los últimos años, abogados de agrupaciones de izquierda dijeron que cuando Milani era oficial de inteligencia ideó, entre 2005 y 2010, un programa de espionaje –llamado Proyecto X– a organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos en general, al amparo de la ministra de Defensa de la época, Nilda Garré. La justicia está investigando actualmente a Milani por lo relativo al Proyecto X y por enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio ha crecido desmesuradamente en estos años.
Hebe de Bonafini no ha dudado en defender al comandante del Ejército. La líder histórica de las Madres ya venía golpeada por el escándalo de corrupción ligado al programa Sueños Compartidos, a través del cual la agrupación gestionó la construcción de viviendas populares en diferentes ciudades del país con el apoyo y financiamiento del Estado nacional. Pese a que la cara visible del emprendimiento fue Hebe de Bonafini, los responsables de las finanzas del proyecto eran Sergio y Pablo Schoklender, dos hermanos que cobraron notoriedad en los años ochenta por haber asesinado a sus padres, vinculados con negocios de alto nivel que incluían la venta de armas. Una vez libre, Sergio Schoklender conoció a Bonafini, que simpatizó con él y le encargó la sistematización y organización del archivo de las Madres. Ahí se solidificó un vínculo que parecía indestructible hasta que el escándalo de Sueños Compartidos estalló. La investigación judicial llevó a proceso a los Schoklender. Bonafini no fue imputada por ningún delito. El escándalo salpicó a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluyendo al vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación Federal Julo de Vido –responsable último de los fondos girados al proyecto– y la ex ministra de Economía Felisa Micelli, entre otras figuras del kirchnerismo. El dinero desviado sumó más de 765 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) y la causa estuvo en manos del juez federal Noberto Oyarbide, siempre cuestionado por su cercanía “natural” con el poder político de turno, fuera menemista o kirchnerista.
Apenas ascendido, Milani fue reconocido por Alfredo Olivera, un ex detenido en la provincia de La Rioja, como quien lo trasladó en 1976 desde el centro clandestino donde estaba hasta el despacho de un juez para ser interrogado, y también como el oficial que secuestró a su padre. “Durante el viaje el teniente Milani me decía: ‘A vos te cortamos la carrera justo, ibas a convertirte en un guerrillero del erp. ¿Sabés qué es el erp? ¿Y qué es el prt?’. Después supe que fue él quien se llevó secuestrado a mi padre, Ramón”, testimonió Olivera. El dato corrió como un reguero de pólvora y convocó en los meses siguientes a otras cuatro personas a reconocer a Milani en tareas de represión en tiempos de dictadura.
Cuando era subteniente, Milani participó de operaciones militares en La Rioja y Tucumán, adonde llevó como asistente personal al soldado Alberto Agapito Ledo, un joven que tenía una militancia de base en organizaciones de la izquierda no peronista, según recuerda su amigo Álvaro Illanes, que compartió parte del servicio militar con él. Ledo desapareció el 17 de junio de 1976 en Tucumán, y fue el propio Milani quien firmó el informe que ubicaba a Ledo como desertor. El hermano de Illanes, Juan Carlos, estuvo con Ledo hasta pocos días antes de su desaparición y en diciembre pasado declaró ante la justicia federal de Tucumán contra Milani. “Como Ledo, yo también era ayudante de un subteniente, pero estábamos destinados en Catamarca. En junio de 1976 fuimos a Tucumán y pude hablar con Ledo. Estábamos en un campamento militar en Concepción, donde funcionaba un centro clandestino de detención en el que se torturaba a guerrilleros del ERP. Milani estuvo allí, y como militar de inteligencia no se le pudo escapar lo que ocurría”, dijo Juan Carlos Illanes al juez Raúl Bejas.
También el periodista Plutarco Schaller, preso desde el día del golpe hasta que Raúl Alfonsín llegó al gobierno, en 1983, recordó ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que mientras estaba en un hospital de la provincia curándose las heridas de la tortura entró a los tiros el oficial Milani. “Al verme, sólo dijo: ‘Este hijo de puta todavía está vivo’, y se retiró. Esa misma noche fue a mi casa y se llevó detenido a mi hijo Antonio, quien permaneció desaparecido por 30 días.”
El caso del soldado Ledo ya acumula un expediente voluminoso y tiene como único imputado por ahora al superior de Milani en esos años, el capitán Esteban Sanguinetti. En La Rioja, la causa que tramitan Schaller y Olivera ya tiene siete cuerpos y según sus abogadas, María Elisa y Viviana Reinoso, “hay prueba más que suficiente para imputar a Milani en delitos de lesa humanidad”. María Elisa es la abogada que lleva adelante las cuatro causas por la represión en La Rioja, y fue designada por el gobierno de Cristina Fernández como directora de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación (AFSCA), nacida a partir de la ley de servicios audiovisuales promulgada por el gobierno en 2009. Cuando la abogada pidió que Milani fuera citado a declarar por los delitos que se le imputan, fue cesada en la AFSCA. “Valoro todo lo que este gobierno hizo, pero mi compromiso es con la justicia frente a estos hechos aberrantes cometidos durante la dictadura”, dijo a los medios.
Mientras la justicia dilata la investigación, Milani, Hebe de Bonafini y los muchachos de La Cámpora siguen adelante con un relato épico que empieza a hacer agua.
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